Cuando el presente Boletín llegue a tus manos faltarán menos de 60 días para el inicio de otro milenio y poco más de 400 para el inicio del siglo XXI.

          El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza cuenta ya con más de 600 años, pero en los últimos 20 los cambios en sus estructuras y actividades resultan cuantitativa y cualitativamente mucho más considerables que los producidos en los 580 anteriores. Hace cuatro lustros, cuando estrenábamos Constitución y Estado de Derecho, éramos apenas 1.000 colegiados de los que sólo 37 eran mujeres; hoy somos 2.500 y nuestras compañeras suman 735 y suponen ya el 35% de los ejercientes. Hace 20 años, con 200 metros escasos, cedidos por el Ministerio de Justicia, y ___.- ptas. de presupuesto, cubríamos nuestras necesidades; hoy con una magnífica sede propia y Salas de Letrados en todos los partidos judiciales, apoyados por un presupuesto superior a las ___.- ptas., apenas podemos dar respuesta a las extraordinarias y cualificadas prestaciones que nuestra sociedad exige a la defensa.

          Es tiempo de reflexionar. Observar serenamente no tanto la vertiginosa evolución de estos últimos 20 años, como las necesidades de nuestra sociedad en orden al asesoramiento y defensa jurídica. Valorar la escasa sensibilidad en nuestros gobernantes y autoridades hacia el derecho de defensa. Reconocer la dificultad para la formación de los abogados que hoy necesitan los justiciables. Evidenciar los nocivos efectos que el denominado neoliberalismo económico está produciendo en derechos y valores fundamentales, al supeditarlos a una pretendida eficacia que sólo tiene en cuenta el incremento del consumo y el ahorro de costes. Y todo ello, para intentar vislumbrar el mejor ejercicio profesional en el futuro y poner a disposición de los compañeros los medios necesarios para conseguirlo.

          La Junta de Gobierno os agradece el esfuerzo desarrollado al cumplimentar las encuestas que deben servirnos para conocer vuestro grado de satisfacción con lo que hoy hacemos. Con ello asumimos la gran responsabilidad de proyectar nuestro futuro.

          Pero el mejor ejercicio de la defensa es tarea no sólo de la Junta de Gobierno, sino de todos y cada uno de los abogados, que debemos desempeñarlo fielmente, denunciando puntualmente cuantos obstáculos lo entorpezcan y recordando a las instituciones públicas y autoridades la obligación que les impone el Texto Constitucional al exigirles garantizar los derechos ciudadanos y especialmente la tutela judicial efectiva.