Mas de setenta abogados, integrantes de los servicios de orientación y asistencia penitenciaria de los colegios de abogados de todo el Estado Español. se reunieron los días 26 y 27 de noviembre. en la sede de nuestro Colegio, con el objeto de debatir y encontrar soluciones. para la efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas presas en las prisiones españolas.

          Carlos Carnicer, Decano de nuestro Colegio. procedió en la mañana del día 26 en compañía del Justicia de Aragón Fernando García Vicente a inaugurar estos encuentros nacidos con vocación de futuro y orientados a llamar la atención de los compañeros ahogados y de toda la sociedad. sobre el derecho de los presos a obtener la tutela de sus derechos humanos.

          En su parlamento inaugural el Justicia de Aragón destacó la importancia de incidir en el tratamiento rehabilitador de los presos dentro de las prisiones, para que en el caso de los toxicómanos, su drogadicción no se convierta en una pena añadida. García Vicente terminó su intervención destacando la necesidad de prestar especial atención al tratamiento de los enfermos mentales presos y condenados y a las víctimas de los delitos considerando la reparación del daño causado como un medio en la rehabilitación de los delincuentes.

          El Decano del Colegio Carlos Carnicer hizo especial hincapié en la necesidad de que el Colegio se vuelque en su servicio a la sociedad y especialmente en aquellos, que puedan encontrarse mas necesitados de la asistencia, por cuanto ellos, serán precisamente quiénes defiendan a la abogacía frente a tantos intentos de desprestigio que sobre ella planean en la sociedad actual manteniendo siempre el abogado su línea de independencia y de asesoramiento hacia todos los ciudadanos. aconsejando en cada momento lo que el abogado cree mejor para su cliente.

          Esa misma mañana, y, dentro de la primera ponencia, el profesor de derecho Penal de la Universidad de Barcelona Iñaki Rivera (uno de los pioneros en el moderno derecho penitenciario y en la defensa de los derechos de las personas presas manifestó que: «el derecho a la defensa es el principal y mas importante que deben de ver satisfecho las personas presas.»

          «Un derecho a la defensa -manifestó Iñaki Rivera- que constituye no una cuestión humanitaria. sino el efectivo cumplimiento de la ley y del estado de derecho», añadiendo que es el propio Tribunal Constitucional, quién en ocasiones limita la aplicación y el respeto de esos derechos de los presos.

          A lo largo de su exposición también señaló Iñaki Rivera la necesidad de satisfacer los derechos de la víctima; que no sean los presos ciudadanos de segunda fila, terminando por manifestar que deben de ser las administraciones públicas las que procedan a financiar estos servicios.

          La jornada de la mañana del día 26 continuó con la presencia de Angel Luis Ortíz, responsable en la oficina del defensor del pueblo de los asuntos penitenciarios. que denunció la absoluta falta de motivación de las resoluciones de la administración penitenciaria. especialmente las referidas a la denegación de permisos.

          No olvidó tampoco, el representante de la oficina del defensor del pueblo, a los presos en primer grado, en un régimen que calificó de inhumano e impersonal, señalando que, lamentablemente, esos presos en primer grado que son los que precisan de mas tratamiento, son quienes menos lo reciben. 

          Por último Angel Luis Ortíz destacó la necesidad de que se proceda a obligar a los Centros penitenciarios, que den parte a los Juzgados de Vigilancia penitenciaria, cada vez que se proceda a realizar un cacheo con desnudo integral, para los que exigió la necesidad de que exista una bata que preserve la intimidad de las personas, en cumplimiento de las mas elementales normas de respeto de cualquier ser humano. Algo que dijo no sucede en todas las prisiones españolas.

          A título anecdótico señaló el propio Angel Luis Ortíz la presencia de presos extranjeros en cárceles españolas, que realizan trabajos penitenciarios y que pueden enviar la escasa retribución que reciben a sus Países de origen

          «La cárcel es el cubo de basura de la sociedad que tenemos» manifestó Juan Manuel Rodríguez Durán en su intervención que puso fin a la sesión de la mañana, añadiendo que la cárcel es un «mundo total” donde la persona no cuenta.

          Juan Manuel Rodríguez Durán. todavía en libertad condicional. por los delitos cometidos en su (poca de toxicómano. manifestó igualmente la necesidad de que muchos de los presos españoles sean previamente insertados en la sociedad. antes que reinsertados, aludiendo así claramente a la situación de los presos españoles de los que el 50% puede considerarse como analfabetos funcionales y el 80% toxicómanos y sin mas estudios que los primarios.

          Terminó Juan Manuel Rodríguez Durán su intervención señalando que los propios toxicómanos no deberían de cumplir la pena en la prisión porque no existe en ella rehabilitación, sino que las penas deberían de ser cumplidas en los centros de rehabilitación.

          La sesión de tarde se inició con la presencia de Santiago Pérez Legasa, Presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, quién en compañía de Arturo Beltrán, Magistrado de la Sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, hicieron especial hincapié en las dificultades que se sufren en los órganos de la magistratura a la hora de conceder permisos, por la presión ejercida desde los medios de comunicación.

          «Nos jugamos la toga» afirmó Santiago Pérez Legasa. a la hora de definir su labor y la de los demás magistrados, en la concesión de los permisos, mientras que Arturo Beltrán manifestó, en relación con este mismo asunto que «existe una mala actuación de los servicios sociales penitenciarios, cuando un preso sale de permiso y además la Dirección general de Instituciones Penitenciarias no puede depender del Ministerio de Interior por cuanto lo que hará será una política de Orden Público y de seguridad ciudadana, pero no de reinserción social. 

          Arturo Beltrán insistió en la importante labor que desempeñan los abogados de los Servicios especialistas en materia penitenciaria, añadiendo, en una reflexión personal, que se considera noticia al preso que delinque en un permiso, pero no al preso que no delinque, señalando igualmente que es allí donde los abogados han de luchar por la libertad, porque si un abogado no lucha por la libertad, ¿para que está?

          Ramón Piñol, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que también intervino en la Sesión de esa tarde. señaló por su parte, la necesidad de que se reconozca dentro de las prisiones las garantías y la propia finalidad del Derecho Penitenciario. que no es otra que mantener el Principio de Legalidad dentro de las prisiones, para que el Estado de Derecho sea una realidad en las cárceles.

          Arturo Beltrán terminó su parlamento señalando en cuanto a las vivencias del día a día. en la prisión y la restrictiva interpretación de los derechos que la Ley concede a los presos, que: «donde la Ley no hace distinciones no debe de hacerlas el interprete.» señalando igualmente que: «La crítica social a que se ven sometidos los jueces es implacable porque la idea de inseguridad vende.»

          El fiscal Ramón Piñol. por su parte, terminó su intervención haciendo hincapié en la necesidad de que cualquier persona que entre en prisión mantenga sus vínculos con el exterior.

          Poco después de las nueve de la noche. terminó la jornada del primer día, tras poner en común todos los asistentes las infracciones encontradas a los derechos fundamentales en las prisiones y que fueron analizadas por grupos, en tres talleres dedicados a estudiar aspectos mas concretos de larealidad penitenciaria diaria, como los permisos, la clasificación y libertad condicional. las infracciones en materia de sanciones traslados y comunicaciones y un último dedicado al trabajo, entre otras temas.

          La primera sesión de la mañana del sábado se dedicó a la redacción y aprobación de las conclusiones. A continuación se inició la exposición por cada uno de los servicios de los Colegios asistentes del modo y manera en que se presta el servicio, tanto en su labor de asistencia en las propias prisiones como de asesoramiento ante los propios juzgados de vigilancia y Audiencias Provinciales.

          La dificultad de seguimiento de los asuntos con los presos y la desorientación que en estos produce el perder el contacto con el letrado que le ha iniciado el asunto. fueron los asuntos en que mas se incidió por parte de todos los asistentes. sin olvidar. además la necesidad de una financiación pública, por cuanto son los colegios en muchos casos, quiénes tienen que sufragar la prestación de los servicios, por parte de sus colegiados o realizarse de manera mas o menos altruista por parte de los propios Abogados que lo prestan.

          No faltaron tampoco las críticas a los colegios que no han adoptado todavía la decisión de implantar el servicio de orientación como consecuencia. de las presiones de propios colegiados que temen la pérdida de clientela, como consecuencia de la gratuidad de estos servicios.

          Celebrar en la ciudad de Málaga en el mes de noviembre del año próximo la segunda edición de estos encuentros, y, además, coordinar a través del Servicio de Orientación Penitenciaria del Colegio de Madrid. a todos los servicios existentes en las actualidad. para conseguir que cada día se respeten mas los derechos humanos en las prisiones fueron los dos últimos acuerdos, que se tomaron en la jornada de la mañana del Sábado.

          Manuela Carmena, vocal del Consejo General del Poder judicial, clausuraba. al mediodía del sábado los encuentros, tras manifestar que no es cierto que el endurecimiento de las penas impida la comisión de nuevos delitos, sino que es la propia educación y avance de la responsabilidad de los ciudadanos la que evita la comisión de delitos.

          La Consejera, que además he ejercido durante muchos años, como Juez de Vigilancia Penitenciaria reconoció como norma general la necesidad de que los presos cumplan las penas en sus lugares de origen, la función rehabilitadora de las penas y que se de un mayor protagonismo a las víctimas de los delitos, que son quiénes en ocasiones sufren además del propio delito, las incomprensiones de la administración de Justicia.

          Pasadas las dos de la tarde, Javier Sancho Arroyo, Diputado Primero del Colegio ponía fin a los encuentros.