«Me comprometo a reformar la Justicia desde el diálogo y el consenso con todos»: Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Funcionarios, Abogados del Estado.  Hay que conseguir un servicio público y una Administración de justicia más moderna, eficaz, cercana al ciudadano, ágil e independiente». 

          Ángel Acebes. Ministro de Justicia. El País, 29-4-2000. 

          Si es cierto aquéllo de que la primera declaración es la más cercana a la verdad, el estreno del nuevo Ministro de Justicia no puede ser más desolador para la Abogacía. Piensa reformar la justicia. Enhorabuena y a ver si es verdad, porque hemos perdido la cuenta de los ministros que han dicho otro tanto. Y piensa, dice, hacerlo «desde el diálogo y el consenso con todos». Nos parece tan elemental que no habría ni que decirlo. Pero cuando define a ese todos, se define él mismo, pues los abogados no aparecen por parte alguna. Empezamos bien. 

          Redacción. 
  
  
  

          T.S. 3ª. Secc. 7ª. S. 25 de enero de 2000. 

          FALTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Imposición de sanción por negativa a declarar en juicio como testigo.- Indebido recurso a la vía gubernativa en impugnación de una resolución de carácter jurisdiccional.- Derecho a dispensa de la obligación de declarar en el proceso penal.- Necesidad de hacer valer el derecho de dispensa ante el órgano jurisdiccional penal competente. 

          Todas las personas que se encuentran dispensadas legalmente del deber de declarar como testigos en una causa penal tienen el derecho de hacer valer dicha dispensa ante el órgano jurisdiccional que les exija la declaración, y ello tanto en la fase de instrucción -art. 420 LECrim., que alude al que se resistiere a declarar lo que supiese, a no estar comprendido en las exenciones de los artículos anteriores-  como en la de juicio oral -arts. 707 y 716 LECrim-. Las exenciones o dispensas de la obligación de declarar en el proceso penal deben alegarse ante los órganos competentes del orden jurisdiccional penal, que son los que habrán de decidir si concurren o no dichas exenciones. En relación al caso de autos, el recurrente debió hacer valer la dispensa en que se amparaba -el secreto profesional como deber del Abogado que, a su juicio, protegía su negativa a declarar- ante el Magistrado instructor por la vía del recurso jurisdiccional que se le ofrecía, y después, en el caso de no ser aceptada su alegación, por medio de los demás recursos que el ordenamiento permite, pero siempre ejercitando su derecho dentro del proceso al que se le impuso la sanción, sin acudir a un recurso gubernativo improcedente contra una resolución jurisdiccional, lo que motivó que se declarase la inadmisibilidad de dicho recurso administrativo. 
  
  
  

          Cuando se distribuya la foto del nuevo Gobierno, los interesados en el progreso de nuestra economía deberán fijarse en quien ocupe la cartera de Justicia. Porque no es una exageración decir que la reforma de la justicia es una de las que pueden beneficiar más a la economía española. No es que lo demás no sea importantes pero, o no depende ya de nosotros, o ya se ha hecho, o se ha decidido dejarlo para más adelante. El tipo de interés y el de cambio son variables muy importantes para la coyuntura económica pero, dado que no somos Alemania, aunque se nombrara ministro de Economía al más incapaz e inútil, las empresas españolas seguirían con el mismo tipo de cambio y el mismo tipo de interés. Otras reformas importantes ya se han llevado a cabo durante los últimos 25 años. Y. en cuanto a las que quedan por hacer (energía, laboral), al haberse supeditado su contenido al acuerdo con los que pueden verse perjudicados por las mismas, seguirán haciéndose, como en los últimos años, de mentirijillas. 

          La justicia debe reformarse no sólo porque los españoles tengan de ella una opinión muy negativa, sino por los efectos perniciosos que está teniendo sobre la economía. De todos los problemas que genera, el más perjudicial es el de las largas dilaciones de los pleitos y la ejecución de las sentencias. Procedimientos pensados para la mejor defensa de los ciudadanos han conseguido dejarles en la mayor de las indefensiones: la ,justicia en España llega siempre muy tarde. En los pleitos civiles los jueces acaban dando la razón a tres de cada cuatro demandantes pero ello vale de poco. La tardanza favorece a quienes incumplen los contratos; con lo que se ataca al corazón de la economía de mercado. Por si hubiera pocos caraduras en España, nuestra justicia los promueve. 

          El nuevo ministro tiene una gran ocasión para reformar la justicia. A diferencia de otras reformas, aquí nadie debe salir perjudicado porque nuestra justicia mejore. Aquí no hay gremios o monopolios que vayan a perder dinero o poder con esta reforma. Los jueces están deseando la reforma pues están sufriendo, además de la pésima consideración de su trabajo por parte de los ciudadanos, una situación insoportable: 3.600 jueces dictan más de un millón de sentencias al año. Y eso gracias a que otro millón de asuntos se resuelven por sí mismos. Es verdad que todavía hay algunos abogados que se oponen a la reforma pensando que sus minutas se van a reducir si se acorta la duración de los pleitos, pero bastaría con mostrarles que en aquellos países, como EE UU, donde la justicia funciona razonablemente, los abogados obtienen sustanciosas remuneraciones. Estos últimos años pueden ver se como preparatorios de la reforma. En la pasada legislatura ha sucedido en la justicia lo contrario que en otros sectores, donde había un discurso prometedor pero luego, o no se cumplía, o incluso se hacía lo contrario de lo que se decía. En la justicia lo que se anunciaba era preocupante como, por ejemplo, el aumento del corporativismo en el gobierno de los jueces, pero mientras tanto se han dado algunos pasos adelante como, por ejemplo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es una reforma tímida e insuficiente para reducir las dilaciones, pero que va en el sentido correcto. 

          Confiemos en que el nuevo Parlamento apruebe todas aquellas reformas que, como las de los procedimientos, no requieren dinero, pero también tendrá que dotar de más recursos a la justicia. El presupuesto de este año dedica a la justicia 150.000 millones, y las comunidades gastan una cantidad similar. Si utilizamos como unidad de medida lo obtenido por los directivos de Telefónica (1 stock option = 80.000 millones pesetas), el Presupuesto de Justicia no llega a 2 stock options. Habrá que hacer un esfuerzo, porque la economía de mercado no funciona sólo gracias al deseo de lucro privado sino también sobre la base del buen funcionamiento de instituciones públicas como, por ejemplo, la justicia. 

          mfordonez@teleline.es 
  
  
  

          Cien mil, somos cien mil abogados. Cien mil votos; o más, porque a pesar de ser abogados hay gente que nos aprecia: nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos... y se alegran de que nos vaya bien. Ser abogado hoy es una aventura. No cabe duda de que los abogados tenemos algo de aventureros. La mayor parte de los abogados podríamos haber sido otra cosa pero hemos decidido dedicar nuestra vida profesional a defender los derechos y los demás intereses de los demás, o sea: a ser abogados. ¡Qué obstinación! ¿Verdad? 

          ¡Cuántos asuntos pasan por los miles de despachos españoles, y cuántos pleitos se evitan, cuántas magníficas páginas de interpretación jurídica en las demandas y en las contestaciones, cuántos brillantes informes orales, reivindicando la razón y el Derecho...! Y cuántos queridos compañeros ejercen en pueblos y provincias, a veces con escasos medios, pues ni siquiera la organización colegial puede llegar en algunos pueblos más que a una delegación o ni eso. 

Complejos vericuetos 

          Y sin embargo, con qué inteligencia, con qué facilidad discurren por todos los complejos vericuetos jurídicos para defender los intereses de sus clientes. Por otra parte, los Colegios de Abogados se han rejuvenecido en los últimos años de manera que se puede decir que más de la mitad de los abogados españoles son jóvenes y además están organizados en Agrupaciones de Abogados jóvenes y a nivel nacional en una Confederación. Jóvenes que se comen los asuntos, que derrochan ilusión y dedican a lo más trivial, muchas horas de estudio. No hay nada peor (dicen algunos veteranos) que tener de contrario a un abogado joven, porque se lo estudia todo. Lo mismo en asuntos de pago que en los asuntos de turnos de oficio. 

          Y qué poco tiene que ver esto con la imagen que tiene la sociedad de los abogados: macro-despachos que facturan miles de millones de pesetas, intereses económicos importantes, abogados de gran influencia en la política, minutas de honorarios millonarias... Nada de esto responde a la abogacía real... Antes, cuando había pocos abogados, ser abogado tenía incluso (relación de inclusión) reconocimiento social. Un reconocimiento que los abogados, igual que los médicos siempre devolvían a la sociedad atendiendo a los más desfavorecidos. Siempre fue frecuente que los profesionales liberales como loa abogados y médicos atendieran un día a la semana a los pobres, totalmente gratis. Luego vino el Estado y dijo que esta solidaridad nos la exigía. A nosotros, que ya la dábamos. Y este servicio a los más desfavorecidos, se convirtió en obligatorio para todos los abogados y totalmente gratis. O sea, como siempre pero ahora lo decía el Estado con adjetivos: Estado social y Democrático de Derecho. El Estado asumía el coste del servicio como mandato constitucional. Pero ese Estado social tan pregonado por los políticos, sobre todo en época electoral concede una subvención a los abogados que viene a cubrir el 25 por ciento aproximadamente de lo que cuesta atender jurídicamente a los menos privilegiados de la sociedad. 
  
  
  

          La Sentencia se basa en el Código de Familia catalán, que valora el trabajo doméstico. 

          El Tribunal superior de Justicia de Cataluña ha dictado una sentencia insólita en España en la que establece que un mario de Lleida indemnice con 15 millones de pesetas a su ex mujer, con la que estuvo casado durante 40 años, para compensar la desigualdad patrimonial producida tras el divorcio, pues la mujer se dedicó durante todo ese tiempo a las tareas del hogar y al cuidado de su hijo. La Resolución ha sido dictada al amparo del Código Civil de Famila, en vigor en Cataluña desde 1998. 
  
  
  

          España es el único país de Europa que no tiene regulado el acceso a la profesión de abogado. La intención del Ministerio de Educación de adapatarse a la normativa común en los países de la unión ha provocado un fuerte debate en Aragón, donde las opiniones están muy divididas. Lógico, porque el problema es realmente anguloso y de solución compleja. En el último Congreso de la Abogacía Aragonesa, celebrado a principios de mes en Teruel, los asistentes se mostraron a favor de que la pasantía sea obligatoria tras una ajustada votación que muestra la polarización de opiniones entre el colectivo profesional. A estas voces hay que sumar las de los alumnos, que están claramente en contra, y la de otros sectores académicos o de la judicatura, también variadas y divergentes. 

          Lo que está claro, como ya ocurrió con los licenciados en Medicina, es que España debe tener en cuenta el escenario comunitario. Lo que no puede consentirse es que, con la situación actual, un recién licenciado español no pueda ejercer en Francia, por ejemplo, mientras que el supuesto contrario sí es posible. Además, es necesario establecer un modelo de incorporación a la profesión basado bien en las pasantías, bien en las escuelas de práctica jurídica que sea unitario y tendente a formar más y mejores abogados. La Justicia española y la Universidad, afectadas por otros muchos problemas estructurales, han de dar respuesta a esta situación de acuerdo con las opiniones de los profesionales. Casi todos los letrados ejercientes han tenido que superar, en la práctica, alguna prueba de fuego para llegar a ejercer por libre. Pasantía, preparación postgrado, becas... Existen muchas fórmulas, y lo importante es que la incorporación de los licenciados se regule con el mayor consenso y pensando no sólo en los directamente afectados, sino en el conjunto de los ciudadanos.