El 22 de junio, el Periódico de Aragón publicaba una noticia relativa a las manifestaciones de los sindicatos por la marcha de la regularización de inmigrantes al amparo de la última Ley de Extranjería, en el marco de dicha noticia se incluía una nota de prensa del Grupo Municipal Socialista en la que se decía que el Ayuntamiento sólo tenía «un acuerdo con el Colegio de Abogados por el que se informa a los inmigrantes y se les deriva a los sindicatos o a gestorías privadas sin ofrecerles la posibilidad de tramitar los papeles». Tan inexacta manifestación motivó la queja personal del coordinador del área de Extranjería del Colegio y un artículo elaborado por nuestro Gerente por encargo de la Comisión del Turno de Oficio y Servicios de Orientación Jurídica. Reproducimos la parte final de dicho  artículo, que puede leerse íntegro en la Web y la nota aclaratoria remitida por el Grupo Municipal al Decano.
  
  
  

          Pocos dichos hay más ciertos que aquél que reza que más vale caer en gracia que ser gracioso. El problema que se da en nuestra sociedad es que los títulos de gracia vienen dados desde criterios normalmente, no ya subjetivos, sino absolutamente arbitrarios, emitidos desde un planteamiento que da por bueno todo lo propio y por malo, o cuando menos sospechoso, todo lo ajeno.

          Los abogados hace tiempo que estamos en el lado de la balanza de los graciosos más que del de los que caen en gracia. Ha costado 2.000 años conseguir una sociedad regida por el principio de legalidad, en la que cualquier persona sabe que tiene derecho a ser considerada inocente mientras quien le acusa de lo contrario no pruebe lo que dice; en la que todo ciudadano tiene garantizada la defensa de sus derechos por un abogado que actúa con plena independencia respaldado por el poder y el prestigio de su colegio. Y sin embargo parecemos asentados en el decimonónico planteamiento de que todos los profesionales son burgueses asentados en el dólar que viven opíparamente al calor de los problemas ajenos.

          Que el de la inmigración es probablemente el segundo problema en importancia que se dibuja en el horizonte de nuestro país es algo tan evidente que no merece dedicarle más tiempo. Que al tratarse de un problema relacionado con la libertad de desplazamiento, la dignidad de la persona y el derecho al trabajo sea una cuestión que reclame la atención de los partidos que se dicen de izquierdas y de los sindicatos es a su vez algo tan elemental que hasta parece ridículo tener que explicarlo. Pero que ni los partidos, ni los sindicatos son los únicos que se preocupan por este problema, es otra verdad de tal relieve que no se entiende, o se entiende demasiado, que se quiera ocultar e incluso falsear.

          El ejemplar de este periódico del pasado jueves 22 de junio dedicaba en su página 14 un amplio comentario al problema de la regularización de los inmigrantes y el grupo municipal del PSOE-NI se lamentaba de que el Ayuntamiento de Zaragoza sólo tuviera "un acuerdo con el Colegio de Abogados por el que se informa a los inmigrantes y se les deriva a los sindicatos o a gestorías privadas sin ofrecerles la posibilidad de tramitar los papeles".

          El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza hace diez años que viene actuando en el campo de la inmigración, aportando el esfuerzo de sus abogados en la defensa de los derechos que la Constitución y la legislación internacional reconoce a los inmigrantes. El Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a los Inmigrantes (S.A.O.J.I.), financiado por la Diputación General de Aragón, presta asistencia jurídica a los inmigrantes en la Casa de la Mujer. El Servicio Permanente de Intérpretes (SER.P.I.), financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, facilita intérpretes en más de veinte idiomas diferentes a los abogados que han de defender a los inmigrantes, a la Policía, Administración de Justicia y cualquier institución que haya de relacionarse con un inmigrante que no hable el español. El Servicio de Información para la Regularización de Inmigrantes (S.I.R.I.), financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, presta asistencia jurídica a los inmigrantes que desean regularizar su situación en cualquier punto de España.

          Se trata en suma de un conjunto de servicios que tratan de dar una cobertura completa a los derechos de los inmigrantes, atendidos por abogados en ejercicio del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza con una remuneración aceptable pero no precisamente boyante, que abarca la totalidad de la provincia de Zaragoza y en colaboración con los colegios de abogados de Huesca y Teruel todo el territorio de la comunidad autónoma, y que no se dedica a derivar los problemas a sindicatos y gestorías, sino a resolverlos en la medida que los medios disponibles lo permiten, con una absoluta prohibición de derivar los asuntos hacia sus despachos particulares o de conocidos.

          Los abogados podrían dedicar su tiempo y esfuerzo en exclusiva a sus clientes de pago, y sin embargo llevan decenios dedicando buena parte de sus esfuerzos a la defensa de los derechos de aquellos que bien por carencia de medios económicos, bien por encontrarse en una situación de especial indefensión, no tienen garantizados los derechos que la Constitución les reconoce. Los abogados del Colegio de Zaragoza defienden a los inmigrantes a través de los servicios citados; a las mujeres, a través de dos servicios de Asistencia y Orientación Jurídica a la Mujer; a los Menores, por medio del Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a los Menores; a los presos, en el Servicio de Orientación Penitenciaria, que por cierto ninguna institución pública parece dispuesta a financiar aunque se llenen la boca con los derechos de los presos al amparo de la discusión sobre la apertura o no de la cárcel de Zuera y las condiciones de las de Zaragoza y Huesca, y a los que carecen de medios en general a través del Servicio de Orientación Jurídica, el de asistencia al detenido y el del turno de oficio.

          Más de 6.000 personas son atendidas y orientadas jurídicamente cada año de forma gratuita por los abogados zaragozanos. No conozco ninguna otra profesión que incluya entre sus objetivos y obligaciones el atender los derechos de quienes no pueden pagarse una defensa, incluso gratuitamente y con cargo a sus bolsillos, y que por el contrario despierte tantas reticencias y enemigas por quienes mejor harían en dedicar sus esfuerzos a colaborar desde sus respectivos ámbitos en el mejor respeto a las garantías de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. Es una lástima y aunque nos sepamos en el buen camino, ello no consuela del temor a que los derechos de los más desfavorecidos puedan verse disminuidos y relegados en aras de una demagogia mal entendida y peor defendida.

          Los abogados seguiremos en dicha labor. Sabemos que hay muchos interesados en que no se reconozca nuestro esfuerzo, pero sabemos también que los propios interesados, con su reconocimiento diario, valoran dicho esfuerzo en lo que vale.