Aunque ya lo he hecho en el discurso de toma de posesión y en la circular del pasado 1 de febrero, es la primera vez que me dirijo a los compañeros a través del Boletín y en esta primera comparecencia y aún a costa de que se me califique de reiterativo, quiero insistir, en mi propio nombre y en el de la Junta de Gobierno, en la idea central que presidirá toda nuestra actuación: 

          Lo que da sentido al Colegio y a sus órganos rectores es la defensa, la protección y la representación de los abogados y la gestión de medios y servicios para que la profesión pueda ejercerse de forma más digna y eficaz. Así, y ello no debemos olvidarlo nunca, el Colegio, su Junta de Gobierno y el Decano no tienen más que un carácter instrumental. Su actuación sólo se justificará en la medida en que tienda a obtener o a aproximarse a los objetivos de protección, defensa y gestión que acabo de enumerar. 

          Y en coherencia con esa idea, desde aquí os pido a todos que me trasladéis todas  las ideas, sugerencias y aportaciones que consideréis útiles y también todas las críticas y valoraciones negativas que consideréis oportuno hacer. Me gustaría mantener una relación lo más intensa posible con todos los compañeros, para no perder de vista nunca el día a día del ejercicio de la profesión. 

          En esa línea y en relación con un asunto concreto, la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las primeras experiencias sobre su aplicación, hemos abierto en la página web del Colegio un espacio para recoger las experiencias y valoraciones positivas y negativas que se vayan produciendo. Nuestro propósito es trasladarlas a una mesa de colaboración con una representación de los Jueces de Primera Instancia y con representaciones del Colegio de Procuradores y del nuestro, cuya finalidad será tratar de unificar criterios en todo lo que se pueda para tratar de hacer más fácil para todos el tránsito a la plena aplicación de la nueva Ley. Espero y deseo vuestra colaboración respecto de esta cuestión. 

          Cuando me disponía a iniciar la redacción de estas líneas veo en los medios de comunicación la noticia del pacto por la Justicia presentado por el Ministro competente. La inmediatez de la noticia impide hacer valoraciones. Sí hay algo que mueve a la preocupación: que el debate político y en los medios se centre, como ya ha empezado a ocurrir, en la cuestión de la elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, asunto ciertamente importante, pero que no es el que más preocupa, ni a la ciudadanía, ni a los profesionales de la Abogacía. Es de esperar que se puedan debatir en profundidad todos los aspectos de la reforma propuesta y es de esperar y de desear que sea oída la Abogacía lo que, por desgracia, no siempre ha ocurrido. Como asimismo es de esperar que las líneas teóricas que inspiren la reforma sean contrastadas con la realidad práctica, no vaya a ser que, como muchas veces ha ocurrido, pasen al Boletín Oficial preceptos redactados por personas que, aún siendo eminentes juristas, en su vida han puesto los pies en el Juzgado. 

          Insisto en que es pronto para hacer valoraciones. Pero sí puedo decir que que veo con esperanza la importante cifra que se dice se va a destinar a la reforma y los propósitos anunciados de dotar suficientemente de jueces y magistrados los órganos jurisdiccionales, de crear unas infraestructuras administrativas eficaces y de mejorar los medios materiales con incorporación de nuevas tecnologías. Y que veo con inquietud las nuevas restricciones que se anuncian en los recursos de casación y de amparo. La eficacia y la agilización son importantes, pero lo es mucho más  el ejercicio de los derechos y la existencia de cauces para ello. Seguro que habrá que volver a hablar de este asunto. En todo caso, tened la seguridad de que, tanto como Colegio, como a través del Consejo General vamos a hacer un atento seguimiento de la reforma.