El Estatuto General de la Abogacía impone al Decano la obligación de informar a los colegiados, en la Junta General Ordinaria del mes de enero, de los acontecimientos más importantes que hayan tenido lugar durante el año finalizado, en relación con el Colegio.

          Cumplo siempre con placer y satisfacción con dicha obligación, aunque forzado también y cada vez más a comprimir en una lectura apresurada la variedad y riqueza de la actividad colegial. Si esto es así habitualmente, con mayor motivo en este año y por una doble razón.

          Primero porque hoy han de tomar posesión de sus cargos los compañeros que resultaron elegidos para renovar puestos de la Junta de Gobierno en la pasada Junta General y no sería de recibo que les hiciéramos esperar en demasía y les asustáramos antes de tiempo alargando el acto con una exposición prolija de lo que ha sido la vida colegial durante el último año. Ya tendrán tiempo de comprobar en sus propias carnes lo que esa actividad es e implica.

          Segundo, porque esta no es una Reseña de actividad normal. Al menos no lo es para este Decano, ya que supone el cierre de una hermosa aventura. Hoy concluyen mis diez años al frente del Decanato, gracias a la confianza que por dos veces consecutivas depositasteis en mí y no quisiera dejar la palabra sin hacer alguna mención, esquemática, no temáis, a esos diez años. 
 
 

          Si hay años en que es difícil destacar entre todas una noticia que reseñar, no será ese el caso del año 2000. No una, sino tres noticias, han destacado de forma indiscutible por encima de todas las demás.

          El año 2000 pasará a la historia de la profesión y del Colegio por la necesidad de afrontar la reforma financiera de los Colegios y la necesidad de adaptarse a una nueva mentalidad procesal derivada de la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, en el año 2000 se celebró por tercera vez en los últimos quince años una magna reunión de los abogados aragoneses, convocados al III Congreso de la Abogacía Aragonesa, que tuvo lugar en la ciudad de Teruel en el mes de mayo.

          Iniciábamos el año con la aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado de una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que venía a sustituir a la de 1881. La nueva Ley no sólo suponía importantes cambios en los procedimientos civiles, sino una apuesta decidida por dos principios que siempre ha reivindicado la abogacía, la oralidad y la inmediación como guías y base del proceso, pero cuya introducción generalizada venía a suponer un necesario y profundo cambio en los hábitos del ejercicio profesional.

          Hemos dispuesto de todo un año para adaptarnos a lo que sería, y es, una realidad a primeros de enero del 2001, y creo que lo hemos conseguido. De inmediato abrimos una entrada especial en nuestra página WEB en la que durante todo el año se ha incluido información actualidad sobre cuantos trabajos doctrinales y opiniones sobre la nueva LEC han llegado a nuestro conocimiento, incluyendo incluso el texto del trabajo cuando su importancia específica lo aconsejaba. Dicha página la hemos enriquecido además con un apartado para observaciones, comentarios y consultas, de especial importancia tras la entrada en vigor de la ley y la aparición de los primeros problemas.

          Además, se organizó un Curso especial destinado a repasar todo el texto de la nueva Ley y permitir a los colegiados estar profesionalmente preparados para seguirla en el momento de su entrada en vigor. Nos complace sobremanera que nuestra expectativas quedaran tan cortas, que hubiera que organizar un Seminario más concentrado para los compañeros que no obtuvieron plaza en el Curso y que incluso dos Seminarios específicos, organizados uno por la Sección de Derecho Procesal,  y otro por la Comisión de Formación en colaboración con Lex Nova, fueran un éxito de participación.

          Prácticamente la mitad de todos los colegiados en ejercicio ha pasado por uno u otro curso y ello nos permite resaltar con satisfacción y orgullo el esfuerzo realizado por la profesión por estar a la altura de los tiempos y dar a los ciudadanos el servicio profesional de calidad a que la abogacía zaragozana les tiene acostumbrados.

          Y si el año 2000 comenzaba con un cierto sobresalto, por el reto que suponía la necesaria adaptación a la nueva LEC, llegábamos al ecuador del año con un susto mayúsculo al aprobarse por el Gobierno, y posteriormente por el Parlamento, un Real Decreto Ley que bajo su apariencia anodina venía a suponer un revulsivo total en el sistema de financiación de los Colegios, que venía a dificultar su funcionamiento e incluso a poner en verdadero peligro la subsistencia de los más pequeños, como era el caso de nuestros Colegios hermanos de Huesca y Teruel.

          Un 23 de junio de triste recuerdo, el Gobierno aprobaba el Real Decreto 6/2000, en el que, entre un paquete de medidas supuestamente liberalizadoras del mercado en aspectos muy variados, introducía un regalo envenenado para los Colegios Profesionales.

          Quien conozca algo a la abogacía española y haya seguido nuestra trayectoria durante los últimos veinte años, sabrá que ha sido una constante reivindicación de la misma el que se pudiera ejercer en todo el territorio nacional sin limitaciones o por lo menos ante los Tribunales que tenían competencia territorial en toda España, como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, además de los Tribunales Superiores de Justicia en sus respectivos territorios. Precisamente en esa línea y ante la falta de respuesta política fuimos los propios abogados quienes discurrimos y pusimos en marcha el sistema de habilitaciones que permitió hacer realidad dicha aspiración, de forma bilateral entre 1991 y 1995, y de forma generalizada entre 1995 y el 2000.

          Pero una cosa era postular la posibilidad de ejercer a nivel nacional y otra muy distinta imponerla por ordeno y mando sin tener en cuenta las consecuencias que dicho imposición gratis et amore iba a tener en la financiación de los Colegios y, por ende, en la posibilidad de que estos prestaran en plenas condiciones los servicios a la sociedad que la ley muchas veces, y el sentido social otras, imponen a los Colegios de Abogados.

          El Real Decreto 6/2000, de 23 de junio, estaba mal concebido y peor estructurado y las consecuencias no podían ser otras que las que fueron: una verdadera revolución financiera en todos y cada uno de los Colegios de Abogados de España porque la aplicación de dicho Real Decreto suponía la pérdida de una parte importante de ingresos, sin que se hubiera previsto línea de compensación alguna.

          Las consecuencias directas del Real Decreto Ley para nuestro Colegio, como se informó en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, eran importantes, pero no preocupantes. Unos 17.000.000 ptas. Pero teniendo en cuenta las consecuencias indirectas del mismo en relación con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la Junta de Gobierno consideró llegado el momento de adoptar una decisión histórica, suprimir los bastanteos y poner fin a un sistema de contribución a las cargas colegiales tan correcto en su teoría distributiva, como criticado en su realidad discriminatoria. Esta decisión sí que suponía un problema importante para el Colegio, alrededor de 100.000.000 ptas, y el encontrar una solución al mismo satisfactoria para la mayoría nos ha llevado todo el último cuatrimestre del año.

          Consecuencia indirecta de este RDL 6/2000, fue también que los reajustes presupuestarios se convirtieran en el centro de la contienda electoral que culminó el 13 de diciembre con la elección del nuevo Decano y los cargos vacantes de la Junta de Gobierno. 

          Acabamos, pues, el año 2000 y abordamos el 2001 con un sistema financiero remozado que supone un importante esfuerzo para todos los colegiados, que nos permite mantener todos los servicios que a costa de trabajo y dedicación, muchas veces desinteresada, de muchos habíamos conseguido poner a disposición de los colegiados y de la sociedad, incluida la Obra Social de nuestros jubilados, y que nos enfrenta al reto de profundizar en el diseño de un nuevo sistema de financiación de las actividades colegiales que permita obtener la máxima rentabilidad con la carga racionalmente imprescindible.

          Entre ambas noticias, los abogados aragoneses celebrábamos en Teruel nuestra tercera reunión conjunta, debatiendo en el seno del III Congreso una serie de ponencias que permitieran avanzar y profundizar en la mejora de nuestra profesión y de nuestros servicios. Pasos de gigante se dieron en dicho Congreso en relación con la tan ansiada constitución del Consejo de la Abogacía Aragonesa, aunque la posterior publicación del Real Decreto Ley 6/2000 viniera a paralizar la conclusión de dicha aspiración, ya que resultaba problemático configurar el Consejo, sus funciones y financiación, mientras no estuviera clara la solución a la financiación de cada uno de los tres Colegios.

          Hemos cerrado, pues, un período provechoso por cuanto ha permitido la participación y debate de todos en torno a un tema de interés común y creo sinceramente que, con el apoyo y participación de todos,  estamos en condiciones de continuar nuestra andadura con plena confianza en nuestra propias fuerzas y medios para afrontarla con éxito.
 
 

          Entrando ya en la normalidad de todos los años, me complace informaros que el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza sigue siendo, más que nunca, un organismo vivo y prestigiado, con una activa presencia y constante preocupación por la realidad social en la que vive y sus colegiados ejercen diariamente la abogacía.

          Como Decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza he venido asistiendo a todos los actos convocados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Universidad, Gobierno y Cortes de Aragón, Justicia de Aragón, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local y demás Instituciones aragonesas a lo largo del año, con especial referencia a la habitual asistencia a la conmemoración del aniversario de nuestra Constitución, por cuanto tiene de significativo para quienes dedicamos nuestra vida a defender derechos ajenos el poder conmemorar, ya. 22 años del Texto Constitucional, Tabla de la Ley de todos nuestros derechos.

          No voy a enumerar aquí toda la actividad institucional desarrollada, con Instituciones y otros Colegios hermanos, porque en buena parte es continuación de lo que se hace un año tras otro. Mencionar, por su importancia cuantitativa y cualitativa, la dedicación a las actividades del Consejo general de la Abogacía Española como Vicepresidente del mismo. Aparte de asistir a los 4 Plenos celebrados durante el año y a las 17 Comisiones Permanentes a las que estaba convocado,  he participado en otras tantas ocasiones en la Comisión de Ordenación profesional, en la Comisión Mixta que redactó el Código Deontológico que entró en vigor el pasado 1 de octubre y en la de Habilitaciones que entró en vigor el pasado 1 de octubre, en la de Financiación y he podido tener la satisfacción de impulsar la creación de una Subcomisión de Extranjería con secretaría en Zaragoza gracias al prestigio del Area de Extranjería de nuestro Colegio.

          Quiero destacar también el importante papel que el Colegio de Abogados de Zaragoza cumple a nivel internacional. Somos miembros de pleno derecho de la Unión Internacional de Abogados y como tales hemos asistido representados por el Vicedecano al Congreso anual celebrado en Buenos Aires. Pertenecemos también a la Federación de Colegios de Abogados Europeos y yo mismo, como Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, asistí a la incorporación del mismo a la Federación Iberoamericana de Abogados y a la reunión que dicho Consejo mantuvo con los Colegios hermanos de Sur y Centro América, en Panamá.

          A resaltar también que, precisamente por nuestro prestigio allende nuestras fronteras provinciales y nacionales, fuimos seleccionados por el Colegio de Abogados Nacional de Guatemala para organizar un programa de Derecho constitucional y procesal civil destinado a los abogados de dicho país, que costeará íntegramente el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Agencia de Cooperación Internacional y que se impartirá a lo largo del presente año 2001. Nuestro Vicedecano ya estuvo unos días en Guatemala para diseñar el programa y organizar la realización del curso.

          Aunque sea de forma esquemática, sí quiero dejar constancia de las actuaciones de vuestro Decano en el Consejo General de la Abogacía Española y en nuestro Colegio durante este año: He asistido a 19 sesiones de la Comisión Permanente del Consejo, a 4 Plenos, a 5 sesiones de la Comisión de Ordenación, a 4 de las Comisiones redactoras del nuevo Código Deontológico. 4 de la Comisión de Habilitaciones, 1 de la SubComisión de Extranjería, 9 actos de representación y 3 reuniones internacionales en representación del propio Consejo. Ya en nuestro Colegio, además de mantener 49 entrevistas, asistir a 69 actos de representación y a 29 institucionales, he estado presente en otras 129 actividades que han reclamado la presencia física del Decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

          No querría cerrar este apartado institucional sin hacer mención a la postura del Colegio compartiendo la preocupación de todos los aragoneses por el tema del anunciado trasvase de aguas del río Ebro. Animamos a todos nuestros colegiados a participar en la gran manifestación celebrada en el mes de octubre y convocamos una reunión de Decanos de Colegios de Abogados de la cuenca del Ebro que tuvo lugar en el Colegio la víspera de dicha manifestación. Tuvimos el honor de contar con la presencia de los Decanos de Tortosa, Pamplona, Tudela, Estella, Alava, Huesca y Teruel y el apoyo formal del de Lérida y todos ellos firmaron el manifiesto conjunto que se publicó la misma fecha de la manifestación.
 
 

          Una importante actividad institucional, pienso, que he de reconocer sólo es posible gracias a dos premisas fundamentales: el prestigio ganado por el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza a lo largo de sus más de seiscientos años de historia y el correcto funcionamiento de una maquinaria perfectamente engrasada que permite al Decano y a su Junta de Gobierno dedicar buena parte de su tiempo a esa fundamental labor institucional.

          Sin la callada labor de los Diputados de la Junta de Gobierno y de los muchos colegiados y no colegiados que colaboran en los servicios y cursos del Colegio; sin el esfuerzo diario de nuestro personal, hubiera sido imposible lograr los resultados que expongo.

          Porque más allá de un organismo vivo que se relaciona en sociedad, el Colegio es una potente maquinaria  que crea y multiplica iniciativas y soluciones, atendiendo las necesidades y problemas que se le plantean por los colegiados y los ciudadanos que acuden a él.

          Durante el año 2000, por el Registro General del Colegio han pasado 16.000 escritos, 9.526 de entrada y 6.400 de salida, un promedio de 63 diarios, que ha habido que estudiar, tramitar y resolver. A ellos hay que añadir las solicitudes de actividad que no entran vía Registro general, como es el caso de las del turno y diferentes Servicios de Orientación Jurídica, que han superado las 5.000. Estamos hablando de más de 15.000 inicios de gestión a llevar a cabo en su integridad, a las que hay que añadir, por si no fuera suficiente, más de 25.000 llamadas telefónicas y faxes, y me refiero sólo a las que el Colegio recibe y ha de atender, pero que producen otras tantas como respuesta, correos electrónicos aparte.

          Los números cantan y sobran las palabras, porque la realidad pone de relieve el esfuerzo diario y efectivo del personal del Colegio.

          Pero decía que los Diputados y colaboradores de la Junta de Gobierno tampoco lo han tenido fácil. A la maratoniana reunión mensual de la Junta de Gobierno, que suele finalizar entre las 11 y las 12 de la noche, la obligatoria asistencia por turnos a las reuniones semanales de la Comisión Permanente, la preceptiva intervención como instructores en los expedientes disciplinarios que se asignan por sorteo y la responsabilidad directa en el funcionamiento de las Comisiones que tienen asignadas, hay que añadir que cada Diputado participa “voluntariamente” en un par de comisiones más y que la mayoría ha de participar en una u otra actividad formativa, participación que es totalmente gratuita para los miembros de Junta en aquellos casos en que los restantes colaboradores cobran, aunque sea testimonialmente, por su aportación y que han de atender quincenalmente sus responsabilidades de Diputado de Guardia.

          Dicho en otras palabras más descriptivas, sin contar las horas de dedicación al Colegio de este Decano y del Secretario, cuyas funciones requieren una presencia más constante, el resto de Diputados ha tenido que dedicar, aquí o en su despacho, una media de 200 horas para atender sus responsabilidades, lo que suponen 25 días, detraídos de sus despachos o de sus familias, y dedicados íntegramente al Colegio. Mi reconocimiento a todos ellos.

          Quiero además aprovechar este momento para manifestar mi agradecimiento a esos compañeros que colaboran con la Junta y cuando dan cursos o charlas ceden su retribución al fondo social del Colegio. Ello explica que año tras año la partida de ayuda al compañero no sólo no se agote, sino que acabe el año con un resultado neto de ingresos.

          Pues bien, la labor de Diputados y colaboradores se ha traducido en 24 reuniones de la Comisión del Turno y 384 asuntos atendidos. La Comisión de Honorarios ha mantenido otras 24 reuniones y entre sus miembros y los tres Letrados colaboradores han tenido que estudiar e informar 306 expedientes, 255 impugnaciones de tasaciones de costas, 23 informes periciales en prueba y 30 informes o arbitrajes a petición de particulares o colegiados, a lo que hay que añadir alrededor de cerca de 2.000 consultas telefónicas que atienden los Diputados de la Comisión a compañeros que les llaman directamente a sus despachos. La Comisión de Formación ha mantenido 6 reuniones y además de controlar y desarrollar los dos Cursos de Formación para la Abogacía, ha organizado un total de 37 cursos y Jornadas, a los que hay que añadir los organizados desde las diferentes Secciones colegiales. La Comisión de Defensa de la Defensa ha mantenido 6 reuniones y abierto 23 expedientes en amparo de otros tantos compañeros. La Comisión de Publicidad se ha reunido en 4 ocasiones para resolver las 10 solicitudes y consultas recibidas. Además, se han concedido 11 venias, se ha intervenido en 23 mediaciones, se han evacuado 22 informes y 13 certificaciones a requerimiento de diversos Juzgados y se ha intervenido en 5 arbitrajes. 

          Mención aparte, por su trascendencia en la vida profesional, merece la Comisión de Deontología, que se ha reunido en 14 ocasiones para examinar las 113 denuncias recibidas durante el año. Dichas denuncias han dado lugar a la incoación de 96 informaciones previas. Atendiendo a las ya resueltas, 45 de dichas denuncias fueron sobreseídas directamente (el 47%), mientras que 28 (un 30%) se transformaban en expediente disciplinario. El total de sanciones impuesta a lo largo del año ha sido de 17, 4 de ellas en quejas relativas al funcionamiento del Turno de Oficio, es decir, que contra lo que a veces se dice sobre el descontento de los ciudadanos sobre la actividad de los abogados y el excesivo control deontológico del Colegio, el número de quejas recibidas no llega siquiera al 1% de la actividad profesional estimable (el 0,08% en los asuntos de oficio) y el número de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno no supera el 15% de las quejas recibidas.

          La importante labor que la Biblioteca del Colegio presta a los colegiados ha quedado de relieve, una vez más, con los más de 19.000 usuarios directos que ha tenido, las 14.670 monografías prestadas y las 527 nuevas monografías adquiridas.

          Una labor ingente de la que se ha procurado mantener permanentemente informados a los colegiados las 33 circulares enviadas, 11 Boletines de novedades en Biblioteca, otros tantos Boletines de Actualidad de Interés Profesional y 5 Boletines del Colegio bimensuales, aparte de los Informes económicos especiales editados en septiembre y en noviembre.

          Esquemáticamente debo justificar el déficit informativo de los últimos meses, provocado por el recorte económico del RDL 6/2000, que nos ha obligado a suspender el Boletín y restringir las circulares en los últimos meses.

          Una labor informativa que trata de ser más inmediata y actualizada si cabe con el uso de las posibilidades que nos brinda la WEB del Colegio, en constante evolución y mejora, que cuenta ya con una zona de acceso restringido para los colegiados exclusivamente en la que incluir información que en principio no tiene interés público. Una  WEB, por cierto, que ha recibido 48.000 visitas durante este año.

          Mi reconocimiento, pues a todos, Diputados, colaboradores habituales, colaboradores circunstanciales, coordinadores de servicios, delegados en los partidos, profesores externos y personal. Sin su labor y entrega el Colegio nunca sería lo que ha llegado a ser.
 
 

          Porque lo que el Colegio ha llegado a ser, poco tiene que ver con el que conocimos quienes comenzamos nuestra andadura profesional bajo el amparo de las modestas instalaciones que teníamos en la antigua Audiencia Territorial, ahora Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

          Cumplo así lo avanzado al comienzo de esta reseña y dedico unos minutos, como cierre de la misma, a repasar muy a vuelapluma lo que han supuesto estos diez años como Decano.

          Hace ahora 13 años, el 15 de diciembre de 1987, la Junta General del Colegio, reunida en sesión extraordinaria en este mismo salón de actos, amablemente cedido para la ocasión por su propietaria, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, aprobaba la propuesta presentada por la Junta de Gobierno de aquél entonces, que encabezaba el excelentísimo señor e impagable compañero Lorenzo Calvo Lacambra como Decano y de la que formaba parte como Vicedecano quien hoy mismo me sustituirá a mi al frente del Decanato, Javier Hernández Puértolas, de adquirir en propiedad el edificio que desde entonces constituye nuestra flamante y orgullosa sede.

          Fue una decisión valiente y propuesta con gran visión de futuro y no sin discusión y sacrificios. Los colegiados de entonces supieron ver el reto y al mismo tiempo la oportunidad que se les presentaba y que no podían desperdiciar sin responder ante futuras generaciones de abogados. Por ello se aceptó la compra y el incremento de la cuota colegial en un 200% para poder abordar la necesaria financiación, admitiendo que la cuota pasara de golpe de 10.000 a 30.000 ptas. mensuales.

          No tuvo tiempo la Junta proponente de disfrutar de la nueva sede. Fue necesario un tiempo para culminar la compra, contratar y realizar las necesarias obras de rehabilitación y decidir el traslado de todas las instalaciones. El traslado se iniciaría a la vuelta del verano de 1990 y ese mismo año, concretamente el 16 de diciembre, fui elegido Decano por primera vez, tomando posesión del cargo en la Junta General de enero de 1991, el 25 de enero. Reelegido para un segundo mandato en diciembre de 1995, mi responsabilidad como Decano ha venido a coincidir prácticamente con la etapa de funcionamiento del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza en su nueva sede de la calle Don Jaime I, donde nos encontramos, inaugurada el 11 de enero de 1.991, casi un mes después de ser elegido Decano y escasos días antes de tomar posesión.

          He de manifestar públicamente y reconocer que ha supuesto un gran reto y una gran responsabilidad, pero también un inmenso honor poder estar al frente del Colegio durante estos diez años que han marcado su presente y su futuro. Por eso quiero antes de nada agradecer el papel que en ello han desempeñado de forma muy especial a quienes formaban parte de la Junta de Gobierno de Lorenzo Calvo y supieron ponernos delante el camino adecuado y a quienes en estos dos mandatos me han apoyado a seguir y ampliar el camino y los objetivos. Porque el cambio ha sido tan radical, que no se explica sin el esfuerzo de todos.

          Cuando me hice cargo de la Junta de Gobierno, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza lo conformábamos 1.276 colegiados con ejercicio y unos 400 sin ejercicio, que afrontábamos el año 1991 con un presupuesto de 66.000.000 ptas. y teníamos 8 empleados.

          Cuando dejo el cargo de Decano 10 años después, los colegiados hemos crecido un 50% y somos 2.490, 2.107 con ejercicio y 383 sin ejercicio, tenemos para el 2001 un presupuesto de 472.000.000 ptas. y el Colegio funciona gracias al apoyo de 23 empleados y más de unos trescientos colaboradores.

          El primer elemento a destacar, pues, es ese incremento en el número de colegiados, en el que hay que resaltar dos datos significativos.

          Los colegiados ejercientes con menos de 5 años de ejercicio son el 37%. Si atendemos a los 10 primeros años de colegiación estaríamos hablando de un 63% y si hablamos de 20 años, o traducido a edad, de abogados que no han superado los 45 años de edad, estaríamos en un 85%. Es decir, 1.782, de los 2.107 colegiados que ejercen la abogacía tienen menos de 45 años (1.335 tienen menos de 35), mientras que sólo 325, el 15%, superamos esa fatídica cifra de los 45 en que, según los optimistas Estatutos de la Agrupación de Abogados Jóvenes, se acaba la juventud profesional.

          Y hay todavía otro dato todavía más significativo. Si en  1991 las mujeres representaban un 19% de nuestro colectivo con 250 colegiadas, tras un impresionante salto desde las 37 compañeras que había en 1979, al dejar mi cargo de Decano las abogadas zaragozanas suponen ya un 35% del colectivo, pues suman ya 886, 769 de ellas en ejercicio y el 95% en el tramo de menores de 45 años.

          Las mujeres, como he dicho, son ya un total del 35% de nuestro colectivo y avanzan a pasos de gigante, pues suponen ya el 18% de colegiados con menos de 5 años frente a un 19% de los varones, cuando en el quinquenio anterior la distancia era del 11% frente al 15% y en la década anterior del 5% frente al 17%.

          Lo he dicho ya en otra ocasión con motivo de otra reseña anual. La característica definitoria de la década de los noventa, en la que he desarrollado mi decanato, se habrá caracterizado por la progresión del rejuvenecimiento de la abogacía iniciada la década anterior, pero sobre todo por la feminización de la profesión que me atrevo a aventurar no parará aquí.

          El segundo elemento que llama la atención es esa multiplicación por 7 del presupuesto del Colegio, que es fruto y consecuencia de la multiplicación casi por 30 de la actividad colegial.

          Es significativo que si en el año 2000 el Registro del Colegio ha contabilizado 9.526 entradas y 6.400 salidas, como decía antes, casi 16.000 documentos en el Registro general, a los que hay que añadir más de 5.000 expedientes del Servicio de Orientación Jurídica y los restantes Servicios jurídicos y sociales, en el año 1990, el conjunto de entradas y salidas no alcanzaba las 1.000, 342 registros de entrada y 394 de salida. Diez años en los que, el Registro lo dice, la actividad se ha multiplicado casi treinta veces.

          Incremento de la actividad colegial que ha sido posible una vez más gracias al entusiasmo de quienes han colaborado a ello y gracias también a que la nueva sede ofrecía unas posibilidades de las que carecíamos en nuestras anteriores instalaciones.

          No voy a entrar ahora a detallar en que ha consistido esa multiplicación de actividades porque las he venido exponiendo año tras año en las sucesivas reseñas y porque están a la vista de quien quiera verlas. Sólo dejar constancia de que a los 11 Servicios jurídico sociales creados en estos diez años, sufragados por el Ministerio de Justicia, la Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial y ejemplarmente desempeñados por compañeros con el más alto grado de especialización, se ha venido a sumar este año el Servicio de asesoramiento y defensa a las Víctimas de la Violencia Doméstica.

          Quiero llamar la atención sobre tres aspectos, que ponen de relieve que no es acertada esa opinión, al decir de algunos, generalizada de que los gastos de personal que supone el mantenimiento del actual Colegio son excesivos y no comportan rentabilidad adecuada para los colegiados.

          El coste de los 8 empleados que tenía en Colegio al comenzar 1991 suponía el 27% del presupuesto total. El coste de los 23 empleados que conforman hoy la plantilla no supera el 15% del presupuesto. Los gastos de mantenimiento suponían entonces el 23% del presupuesto, mientras que en la actualidad son el 11% y eso que se han puesto en funcionamiento cuatro plantas más de este edificio y las Salas de Togas de cinco partidos judiciales. En 1991, la totalidad de los costes de funcionamiento del Colegio recaían sobre las cuotas de los colegiados, mientras que en la actualidad las cuotas de los colegiados soportan el 33% de los costes del Colegio, sufragándose el 67% restante mediante subvenciones públicas e ingresos generados por la propia actividad del Colegio.

          En fin, pienso que con el decidido apoyo de todos hemos hecho mucho y bueno en esta década.

          Por supuesto que nos habremos equivocado más de una vez, pero sólo no se equivoca el que no se mueve, el que no actúa, y quiero aprovechar para pedir disculpas a quien se haya podido ser ofendido o violentado con eses errores.

          Es igualmente evidente que habrá cosas que podrían haberse hecho de otro modo igualmente respetable, incluso con más tino, y que muchos compañeros lo pensarán así. También a ellos quiero manifestarles mi consideración por sus ideas y mis disculpas si, en defensa de las mías, he podido herirles en alguna ocasión.

          Pero si de algo estoy seguro, es de que el camino realizado no es nada comparado con el que tenemos delante y por eso desde este mismo momento quiero dejar constancia de mi pleno apoyo y disposición a la tarea que va a comenzar la próxima Junta de Gobierno.

          Cierro con orgullo, satisfacción y un tanto de añoranza diez años muy satisfactorios que difícilmente podré olvidar y lo hago pidiendoos para el nuevo Decano, el apoyo y comprensión que yo he recibido. Muchas gracias.