En alguna fecha del pasado mes de mayo han transcurrido los primeros cien días desde la toma de posesión de los miembros de la Junta elegidos el pasado 13 de diciembre de 2000, incluido este Decano. En este boletín encontraréis un resumen de la actividad desarrollada, de las iniciativas puestas en marcha y de las previstas para los próximos meses. El objetivo fundamental de la Junta en este primer período de su gestión, y lo seguirá siendo en el futuro próximo, es mantener el nivel de actividad y de prestación de servicios y, sobre todo, el inicio y desarrollo de las acciones previstas, sin exceder el estrecho marco que nos marcan los presupuestos vigentes. 

          Como ya preveía en mi anterior carta, es preciso volver sobre el llamado «Pacto para la reforma de la Justicia» suscrito por el Gobierno y por los dos principales partidos políticos del país. A la fecha de aquella carta se conocía el adelanto hecho por el Ministro de Justicia. Ahora se conoce el texto completo del pacto -lo encontraréis en este boletín- y ello permite una valoración  siquiera sea provisional, ya que la valoración definitiva dependerá del análisis de los textos legales y de las actuaciones que se anuncian. 

          El mero hecho de que el Gobierno y la oposición den prioridad a la Justicia, ya ha de valorarse positivamente, si tenemos en cuenta la tradicional postergación de la misma por los poderes públicos. En cambio resulta muy difícil valorar los contenidos del pacto, habida cuenta de que, en general y salvo escasas excepciones, se limita a hacer declaraciones de principio, pero de carácter muy genérico, eludiendo compromisos concretos tanto sobre contenidos, como sobre distribución temporal y territorial de las medidas que se anuncian. 

          Lo que no puede merecer más que una valoración negativa es el espacio, escaso, dedicado a la Abogacía en el apartado 20 del pacto. En primer lugar, como el resto del texto, carece de concreción. Así, se anuncia la aprobación de un nuevo Estatuto de la Abogacía, pero no se dice, ni cuándo se aprobará, ni cuáles serán sus contenidos básicos. Sólo se dice que se contemplarán las nuevas formas de ejercicio de la profesión en despachos colectivos y multiprofesionales, sin concretar, ni siquiera mínimamente qué líneas seguirá la regulación de los despachos mulprofesionales y de qué manera se garantizará el respeto de principios tan básicos para la abogacía como son la independencia, el secreto profesional y el régimen de incompatibilidades. Por otra parte, resulta casi aburrido volver sobre la cuestión de la falta de regulación del acceso a la profesión, pero es preciso hacerlo porque el texto del pacto no asegura nada al respecto, limitándose a una ambigua referencia al establecimiento de fórmulas homologables con los países miembros de la Unión Europea para garantizar la preparación en el ejercicio de la profesión. Cabe dudar de si existe voluntad política para abordar aquello que la Abogacía y todos aquellos que están bien informados, reconocen como ineludible: que es preciso regular de una vez por todas el acceso a la profesión, como lo está en el resto del mundo, no sólo de la Unión Europea y como lo están todas las demás profesiones jurídicas en nuestro país. En cuanto al resto de las referencias a la Abogacía no tienen más que el indicado carácter de fórmulas genéricas sin contenido concreto. Así, resulta obvio que deben buscarse fórmulas para el impulso y la especialización del turno de oficio y la ampliación y desarrollo del SOJ. Lo importante sería concretar las fórmulas y explicitar de qué manera va a producirse la ampliación y desarrollo. 

          En suma, será preciso sin duda volver sobre este Pacto. Y por lo que se refiere en concreto a la regulación de nuestra profesión, será preciso que las entidades que la representan, Colegios, Consejos Autonómicos y Consejo General estén muy atentos para tratar de obtener una regulación adecuada acorde con los tiempos y con las necesidades de la sociedad.