La Junta General Ordinaria celebrada el pasado día 23, con la asistencia de 147 compañeros, aprobó los presupuestos que han de marcar la actividad colegial durante el año 1997. En el curso de la Asamblea se expusieron dos enmiendas a la totalidad del presupuesto presentado por la Junta de Gobierno, una de las cuales fue retirada sin llegar a votarse. La otra enmienda, presentada por el compañero Javier Ariño, en su condición de presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes, obtuvo el voto favorable de 69 de los asistentes, manifestándose en contra otros 60, absteniéndose 3 y prefiriendo no pronunciarse en ningún sentido 15 de los presentes. El propio presentador de la enmienda, en su explicación y defensa de la misma, expuso que no suponía ninguna crítica a la actividad llevada a cabo por la Junta de Gobierno ni a los objetivos globales recogidos en el presupuesto de ésta, sino que su enmienda debía contemplarse desde el deseo de colaboración de la Agrupación y la creencia de que podían conseguirse dichos objetivos con una considerable reducción del importe de determinadas partidas. Habiéndose aprobado un presupuesto distinto al propuesto por la Junta de Gobierno, y pese a que se mantienen intactas 22 de las 24 partidas del Capítulo de Ingresos y 22 de las 36 partidas del Capítulo de Gastos, y que la modificación es apenas de un 4%, pasándose de un presupuesto de ___.- ptas. a otro de ___.- ptas., la Junta de Gobierno ha estimado que procede informar a todo el colectivo del resultado de la Junta General y de la notable incidencia del presupuesto aprobado en los objetivos globales perseguidos por la Junta de Gobierno. El presupuesto aprobado suprime el incremento de la cuota ordinaria propuesto por la Junta y obliga a sufragar el 50% aproximadamente de la prima de Responsabilidad Civil, con cargo a los fondos generales del Colegio, gravando por consiguiente no sólo a los Colegiados con ejercicio, sino también, en su parte alicuota, a los sin ejercicio e incluso a los ejercientes que ya dispusieran de otra póliza en similares condiciones. El presupuesto definitivamente aprobado supone una reducción en los ingresos previstos de ___.- ptas. Si a esta reducción se añade el incremento aprobado en algunas partidas de gastos de ___.- ptas., el resultado definitivo son ___.- ptas. que necesariamente han de eliminarse del capítulo de Gastos. Este recorte plantea problemas en algunas partidas, de imposible reducción si no se suprimen servicios a los colegiados, ya que el presupuesto de la Junta sólo contemplaba para 1997 la actualización del coste que habían supuesto en 1996. Como Junta de Gobierno aplicaremos el presupuesto aprobado, tratando de que los recortes incidan lo menos posible en los servicios a los colegiados, pero es imposible evitar una cierta incidencia que a buen seguro no será del agrado de muchos y por la que pedimos disculpas de antemano, ya que no nos cabe ni el recurso a trasvasar partidas en caso de necesidad, pues la enmienda, y por consiguiente el presupuesto aprobado, no contempla esa tradicional facultad de la Junta de Gobierno, destinada a facilitar la adecuación del presupuesto a las necesidades reales. El presupuesto aprobado obliga a reducir en ___.- ptas. la partida de personal. Como quiera que la partida propuesta por la Junta de Gobierno sólo contemplaba la suma de los salarios brutos para 1997 según Convenio de las 20 personas que componen la plantilla, más Seguridad Social, sin que estuvieran previstas en dicha cifra contrataciones con cuya supresión pudiera compensarse la reducción de la partida, lo que, dicho sea de paso, se explicaba ya en la Memoria del proyecto de presupuesto, cumplir lo previsto en el presupuesto aprobado nos obliga a reducir plantilla en tres personas, suprimiendo o reduciendo los servicios que las mismas atienden. Así, durante 1997, posiblemente no pueda mantenerse la apertura de la Biblioteca del Colegio por las tardes, como se había hecho en 1996 atendiendo las numerosas peticiones en tal sentido, volviendo al horario exclusivo de mañana. Aunque trataremos de evitarlo, es posible que también se vea afectado el Servicio del Turno de Oficio, que deberá funcionar con su personal reducido al que los gastos de infraestructura del propio Turno pueda costear y la previsible incidencia que ello supondrá en el tiempo necesario para tramitar las acreditaciones, efectuar los pagos y atender en general a los colegiados adscritos al Servicio. También es posible que se vea afectada la posibilidad de realizar actividades que se prolonguen más allá de la finalización de la jornada laboral, lo que en 1996 ha venido ocurriendo un promedio de 3 días a la semana, y la actual disponibilidad del personal para realizar trabajos propios de las distintas Secciones o Agrupación, por falta material de tiempo de los que queden. Los ___.- ptas. en que se ha reducido la partida de jurisprudencia en el presupuesto aprobado, no nos permitirá cumplir el objetivo de editar y distribuir gratuitamente las ediciones de 1994 y 1995, teniendo en cuenta además que a dicha reducción vienen a sumarse los ___.- en que se ha aprobado rebajar la partida de Servicios Externos, cantidad que viene a coincidir la que con cargo a dicha partida se abonaba al medio centenar de compañeros que colaboraban en la lectura de las miles de sentencias a recensionar. La Junta de Gobierno entiende que es objetivo prioritario mantener el tradicional servicio de elaborar la Jurisprudencia y ponerla a disposición de los colegiados, aunque el recorte presupuestario deba limitar el que dicha puesta a disposición lo sea para consulta en CD-Rom en la Biblioteca del Colegio, debiendo abonar el coste de su edición en papel y adquisición, quienes estén interesados en tenerla en sus despachos. La reducción a ___.- de la partida para subvencionar las actividades de las distintas Secciones impedirá que se puedan atender todas las peticiones, que a esta fecha, y sólo las han presentado 4 Secciones, ya alcanzan dicha suma. Será necesario recortar la ayuda del Colegio, dificultando así el objetivo buscado de conseguir que a medio plazo ninguna Sección tuviera necesidad de cobrar cuotas a sus integrantes. La reducción en un 20% de la partida de mantenimiento, presupuestada por la Junta en el coste que ha alcanzado ya en 1996, producirá también incidencias evidentes que no pueden concretarse en este momento. En cualquier caso, la Junta de Gobierno hará lo imposible para que la reducción de partidas acordada afecte lo menos posible al conjunto de colegiados, adoptando a tal efecto criterios de estricta prudencia en el gasto. A título de ejemplo, en estos días se ha finalizado la instalación de un aula informática con 10 puestos de trabajo que pensaba utilizarse para dar en 1997 cursos de formación en dicha importante arma profesional gratuitos para los colegiados. Los cursos comenzarán de inmediato, pero previsiblemente deban ser de pago, hasta ver si los ingresos globales permiten proseguir en la idea inicial. Más nos preocupa el problema conceptual que supone la supresión de las dos partidas de subvenciones para facilitar la incorporación a la profesión de los nuevos licenciados. En unos tiempos en los que hay más solicitudes de pasantía que despachos con posibilidad de tener pasantes. En unos momentos en que la Abogacía está planteando la necesidad de una formación específica para el ejercicio de la profesión previa a la colegiación y que desde ciertos frentes se argumenta de forma equivocada que lo único que pretendemos es cerrar el acceso al ejercicio y crear un sistema de ingresos a costa de los aspirantes, mediante el control de esa formación, no creemos que sea precisamente bueno ni fácil de explicar el haber suprimido la ayuda que el Colegio daba a los dos únicos órganos que facilitan dicha enseñanza. La Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad, eliminando de nuestros presupuestos la subvención habitual de ___.- ptas., y el Centro de Formación del propio Colegio, suprimiendo la partida de ___.- que cubría las cuatro becas por el importe total de otras tantas matrículas con que el Colegio ayudaba a los cuarenta alumnos de dicho Centro de Formación. Y eso sin contar con el Consejo General de la Abogacía exige contar con una política de concesión de becas para la homologación de los Centros y Escuelas de Formación para el ejercicio de la Abogacía. Que nuestro colectivo pueda dar semejante imagen de corporativismo y falta de sensibilidad con la preparación de quienes aspiran a ser nuestros compañeros, nos preocupa seriamente. La Junta de Gobierno llevará a cabo lo acordado, pero espera que la generosidad habitual de buena parte del colectivo permita suplir, a título personal si fuera necesario, el apoyo de los Abogados zaragozanos a la Escuela de Práctica Jurídica de su Universidad, especialmente en este momento de estrecha colaboración entre el Colegio y la misma, que ha nombrado Secretario General y Director a dos queridos y prestigiosos compañeros.
En fin, 1997 va a suponer un año de freno, e incluso algún
retroceso, en los logros conseguidos por el Colegio y en la consecución
de mayores objetivos. El ahorro individual obtenido, no creemos que a la
larga compense a nadie que viva de la profesión y para la profesión,
de la pérdida de servicios e imagen que ello va a suponer. Todo
el mundo puede equivocarse de buena fe en sus planteamientos y admitimos
que la Junta de Gobierno no es una excepción. Pero, lo importante
es tener claros los objetivos comunes y tal vez, no estaría de más,
sería bueno dedicar algún tiempo a reflexionar y debatir
sobre ello en 1997.
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