El artículo 46 del Estatuto General de la Abogacía impone a todos los Abogados la obligación de atender todas las cargas colegiales, y cargas colegiales son, además de las cuotas ordinarias y extraordinarias que pueden regir en cada Colegio, los derechos que al Colegio corresponden en cada actuación profesional, sea por bastanteo de poderes, por aceptación de defensa en las causas criminales o por intervención profesional en asuntos donde no hubiese bastanteos de poder y en jurisdicciones donde no fuere preceptiva la intervención de procurador (art. 123. e) del Estatuto). 

          Es decir, toda actividad profesional que haya de minutarse, sea judicial o no, está gravada con una cuota de intervención profesional que se establece de forma variable, en función de la cuantía, o fija en otros casos, y que se sufraga adquiriendo en el Colegio el documento Único por derechos de intervención profesional. El importe total de dicho documento se divide en dos partes, el 75% correspondiente a derechos de la Mutualidad General de la Abogacía y el 25% correspondiente a los derechos específicos de cada Colegio. 

          La póliza del Colegio constituye una verdadera cuota proporcional que viene a sumarse a la cuota ordinaria lineal que pagan todos los colegiados por igual. Este sistema permite dos cosas: introducir un elemento de justicia distributiva en la contribución a las cargas colegiales, pues aportan más los que más ingresos tienen en beneficio de quienes tienen una actividad profesional menos boyante, y al mismo tiempo permite mantener la cuota ordinaria en una cifra que no sería posible si desaparecieran los ingresos colegiales por dicho concepto y por lo tanto hubiera que sufragar los 25.000.000.- pesetas previstos en presupuestos por dicho concepto entre los 1992 colegiados ejercientes; la cuota ordinaria  en dicho caso, debería incrementarse en 12.550.- pesetas y pasar a ser de 54.550.- anuales. 

          En el documento Único, junto a la póliza colegial, se aportan también ingresos por las pólizas de la Mutualidad General de la Abogacía. Recordemos que las cuotas de la Mutualidad cubren los riesgos de jubilación, invalidez, defunción, viudedad y orfandad y que la jubilación actualmente prevista en la Mutualidad es de 100.000.- pesetas mensuales. La Obra Social es un fondo basado en la solidaridad profesional que permite incrementar la pensión de jubilación a razón de 600.- pesetas mensuales por año de antigüedad hasta un máximo de 35 años. Es decir, quien se jubila con 35 años de ejercicio cotizados a la Mutualidad percibe 121.000.- pesetas mensuales de jubilación; 100.000.- pesetas procedentes de sus cuotas de Mutualista y 21.000.- pesetas procedentes del fondo de la Obra Social. Además y con cargo también a este fondo, se perciben dos pagas extras de cantidad variable según la recaudación de cada Colegio. 

          Es evidente que muchos compañeros pueden ver su jubilación como algo muy lejano y que otros pasen de solidaridad hasta que les toque ser beneficiarios de la misma. Pero es imprescindible concienciarse de que cumpliendo con la obligación colegial de adquirir el Documento Único de intervención profesional estamos trabajando por nuestro propio interés de futuro. 

          Si recordáis los presupuestos de 1994 y 1995, el Colegio tuvo que aportar de sus propios fondos algo más de 6.000.000.- pesetas cada año para cubrir el déficit de nuestra Obra Social, es decir que el volumen recaudado era inferior en dicha cifra a lo pagado a los pensionistas en Zaragoza por los conceptos expuestos. La puesta en marcha de una inspección de bastanteos, mal recibida por algunos, permitió superar el problema en 1996 y equilibrar la recaudación con el pago a los pensionistas. Incluso en 1997 se ha mantenido un resultado aceptable, ya que el déficit ha sido de 160.000.- pesetas. 

          Pero nos preocupa la evolución de 1998, pues en el primer trimestre la recaudación es inferior en 2.500.000.- pesetas a la que correspondería según el presupuesto anual. 

          No es un problema exclusivo de Zaragoza y en la última Memoria de la Mutualidad se comprueba que nuestro nivel de cumplimiento era bueno, en comparación con otros Colegios. Hasta el punto el tema era preocupante, que la Asamblea Nacional de la Mutualidad celebrada en Madrid el pasado día 28 de marzo se acordó por una amplia mayoría suprimir el sistema actual de solidaridad intercolegial y reducir la solidaridad al ámbito de cada Colegio. 

          Se crea un problema para los Colegios que no recaudaban y cumplían con sus pensionistas a costa de la solidaridad de otros Colegios,  y ello supone un retroceso profesional lamentable, pero en cualquier caso ha sido una situación creada por la desidia y la comodidad que no era justo siguieran soportando quienes asumían la lucha contra el problema, con todas las cargas e inconvenientes que ello significa, como en el caso de nuestro Colegio. 

          El acuerdo de la Asamblea de la Mutualidad no supone un problema para nuestro Colegio, que está en buena situación con la matización ya expuesta, pero sí que se nos pone más de frente que nunca a nuestra propia responsabilidad. El que nuestros compañeros ya jubilados puedan mejorar en un 20% su actual pensión de jubilación y tener 2 pagas extras. El que cada uno de nosotros pueda aspirar a esa misma mejora cuando alcance la edad de jubilación. Todo ello depende de que seamos conscientes de nuestra responsabilidad. 

          ¿Cómo? Muy sencillo. Adquiriendo siempre el Documento Único de intervención profesional. Para actuaciones civiles y contencioso-administrativas atendiendo a la cuantía del procedimiento; para actuaciones sociales y penales adquiriendo un Documento Único de 1.000.- pesetas. Es más, para aquellas actuaciones profesionales no jurisdiccionales, adquiriendo el documento que corresponda a la cuantía presupuestada en la hoja de encargo profesional o en la propia minuta al devengarse. Durante 1997 se han vendido 15.000.- documentos únicos, todos ellos prácticamente para procedimientos civiles y contencioso-administrativos. Sin embargo, en recientes declaraciones a la prensa, el Juez Decano cifraba en 18.000 dichos procedimientos, además de 50.000.- penales y 6.000.- sociales. 

          Sería, pues, muy sencillo alcanzar sobradamente la recaudación necesaria tan sólo con que todos, absolutamente todos, cumpliéramos con nuestra obligación. Es más, la recaudación previsible permitiría dotarnos de un fondo propio con el que incrementar las mejoras e incluso estudiar la posible reducción de la escala, aunque la decisión última sea de la Mutualidad. 

          Para 1998, por el concepto de pólizas de la Mutualidad está prevista una recaudación de 68.000.000.- pesetas. Teniendo en cuenta el porcentaje de dicha cifra que queda para el Colegio, la recaudación neta para la Mutualidad, es decir para mejorar la jubilación de nuestros pensionistas, asciende a 44.050.000.- pesetas. Sólo con las 1.000.- pesetas que conllevarían los 50.000.- procedimientos penales se cubriría dicha cifra. De no llegar a la misma, la única solución es reducir o eliminar las mejoras a los pensionistas o cubrir las necesidades con derramas extraordinarias. A título de ejemplo y renunciando a la parte que corresponde al Colegio, cubrir las 44.050.000.- pesetas necesarias para la Obra Social en 1998 supondría una derrama extraordinaria de 22.113.- pesetas para cada uno de los 1992 colegiados. 

          Hay que destacar que muchos compañeros cumplen escrupulosamente y siempre con su obligación de adquirir el documento único por derechos de intervención profesional, lo que supone un importante agravio comparativo, absolutamente rechazable, respecto de algunos que no cumplen con dicha obligación. Ningún Abogado debe soportar más cargas u ostentar más derechos que otros. 

          En fin, no tenemos por qué tener problemas, ni nuestros pensionistas verse perjudicados, si somos capaces de corresponder en lo que proporcionalmente nos toca con la solidaridad profesional. Vamos a poner de nuevo en marcha la inspección, que habíamos suspendido desde el verano, a la vista de que precisamente desde entonces se ha producido la reducción de contribuciones, pero no estaría de más tener presente que no haría falta inspección, y que nos podríamos ahorrar el coste que supone, si todos asumiésemos nuestras obligaciones. 

          Un cordial saludo.