Hace quince días se remitía a todos los colegiados un informe con la incidencia que el Real Decreto Ley 6/2000 tenía en la financiación del colegio y os anunciaba la pronta convocatoria de una Junta General Extraordinaria, ya fijada para el próximo 24 de octubre. 

          El contenido del informe ha levantado un comprensible revuelo, que no ha de sorprender. A nadie nos gusta que nos encarezcan los costes y gastos de nuestro trabajo y, no nos llevemos a engaño, nos estamos jugando el futuro. Comprensible, es más, yo diría que deseable, el revuelo y la inquietud que se ha despertado. Lo contrario, hubiera resultado preocupante. 

          En todo este tiempo he recibido varias comunicaciones escritas, a todas las cuales he contestado individualmente. Las comunicaciones, las que lo han autorizado, y las respuestas figuran en la página Web a disposición de todos. Quedan todavía unos días para la Junta y es posible que nuevas aportaciones vayan llegando hasta dicha fecha. Pero en cualquier caso, sí quiero aclarar una cuestión, ya que de lo que leo, oigo o llega a mi conocimiento me parece intuir que hay una cierta confusión sobre el problema real al que nos enfrentamos. No estamos ante un simple problema económico, cuotas de este importe o del otro, sino ante un problema de futuro: qué profesión y qué Colegio queremos. 

          Como el Informe repartido recoge, la entrada en vigor del Real Decreto Ley 6/2000 crea un problema económico al llevar aparejada la pérdida de alguna partida de ingresos habitualmente incluida en nuestros presupuestos. Este problema, que para el presente año 2000 lo ciframos en 17.608.750.- pesetas, lo tenemos resuelto con un reajuste presupuestario que exigirá apretar el cinturón en determinadas áreas del Colegio, pero que podrá hacerse sin tocar para nada las cuotas de los colegiados. Es cierto que pedimos vuestro visto bueno para pasar una cuota extraordinaria por un máximo de 5.000.- pesetas, pero es una medida preventiva, para el caso de que fuera necesaria, y de cuyo uso habría que dar cuenta en todo caso a la Junta General de enero con la ejecución presupuestaria. 

          Es lógico que el problema económico se mantenga y duplique en el año 2001. Las circunstancias creadas por el Real Decreto Ley se mantienen y aplicadas además a los doce meses del período presupuestario. Supone un problema de unos 40.000.000.- pesetas que, como decíamos en el informe, se solventa con un cierto reajuste de gastos y una actualización de la cuota colegial, importante, pero no superior al 50%. Todo esto se podría haber afrontado en la discusión del Presupuesto del 2001 y no hubiera sido necesaria una Junta General Extraordinaria. 

          Pero es que el ejercicio económico del 2001 aquejará, con toda seguridad, otro problema aún más importante. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil suprime la posibilidad actualmente existente de inspeccionar y controlar en los Juzgados el cumplimiento de la obligación que tiene todo Abogado de adquirir los Derechos de Intervención Profesional y pólizas de la Mutualidad correspondientes a la cuantía de cada intervención profesional. Esto supone volver a la situación anterior a 1994, cuando se creó el Servicio de Inspección que ha permitido alcanzar los niveles de recaudación actuales, y no necesito recordaros que hasta entonces todos los años teníamos que desembolsar con cargo al Presupuesto una cantidad extraordinaria para cubrir el déficit de la Obra Social, cantidad que llegó a alcanzar los 12.000.000.- ptas. 

          Si el sistema de financiación mediante bastanteos es tachado de injusto en la actualidad, y con razón porque grava realmente a unos pocos y éstos no son precisamente los que más ingresos obtienen de la profesión, no hay que ser muy imaginativo para adivinar que la falta de inspección producirá, primero, la caída de la recaudación a los niveles anteriores a la inspección y, en un segundo momento, que los pocos que contribuyen sin necesidad de inspección dejen de hacerlo al ver que son los únicos que cumplen a su costa con una obligación general. 

          Por ello nos ha parecido más responsable adelantarnos a una realidad que tenemos a la vista y proponeros directamente la supresión definitiva de los bastanteos. Pero lógicamente, en ese caso, el déficit de ingresos para el año 2001 sería mayor, lo hemos calculado en 100.000.000.- pesetas, y ha de decidirse cómo se afronta, asumiéndolo y cubriéndolo con nuestras cuotas, o de otra forma que entre todos podamos diseñar. ¡Qué Colegio queremos!. Ese es el tema central a discutir y la cuestión económica será consecuencia de lo que se decida en ese punto. 

          ¿Que queremos seguir con el actual Colegio y mantener el sistema de bastanteos? Ningún problema, salvo que habrá que establecer un medio de inspección fiable para que todo el mundo cumpla y acabar con la actual discriminación. 

          ¿Que queremos suprimir los bastanteos y reajustar el gasto a los ingresos resultantes? Tampoco hay problema, salvo que el gasto primero a suprimir es la Obra Social que se financiaba con los bastanteos y por consiguiente suprimir las ayudas mensuales que se dan a nuestras viudas y jubilados, las becas para estudios, las subvenciones para cursos, la ayuda al compañero, etc. 

          ¿Que queremos suprimir los bastanteos y mantener el actual Colegio como fuente de apoyo y servicios? Pues entonces habrá que decidir cómo se asume la pérdida de ingresos, si entre todos a partes iguales o mediante una distribución proporcional. 

          De eso se trata y por eso se convoca la Junta General Extraordinaria. Para oír el parecer del mayor número posible, para tratar de tener en cuenta todas las opiniones y circunstancias, para que la solución que finalmente se adopte se ajuste a lo que quienes nos dejamos la piel día a día para tratar de vivir con dignidad de esta profesión queramos realmente. 
  
  

          La Sección de Derecho Fiscal del Colegio ha organizado una charla sobre la Ley de Tasas al amparo de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional para analizar los criterios de aplicación y resoluciones de la Dirección General de Tributos. Dicha charla tendrá lugar en el Salón de Actos el próximo día 7 de noviembre, martes, a las 17 horas, con una duración aproximada de dos horas y con la intervención de D. Alberto López Aldea, Jefe del Servicio de Inspección Tributaria de la Diputación General de Aragón. La asistencia está abierta a todos los colegiados. 
  
  

          En colaboración con el Consejo General de la Abogacía y la Editorial Lex Nova, se ha hecho una edición del nuevo Código Deontológico que entró en vigor el pasado 1 de octubre y del que adjuntamos un ejemplar a cada colegiado dada su trascendencia para el ejercicio profesional. 
  
  

          La imprenta nos ha entregado las Actas del Foro correspondiente a las últimas sesiones realizadas, habiendo ejemplares a disposición de los interesados en las oficinas del Colegio. 

          Un cordial saludo.