El 4 de febrero se inauguró Caja Abogados, oficina ubicada en el Palacete de San Voto, 6 (Plaza de Santa Cruz), fruto del convenio de colaboración suscrito en su día entre el Colegio de Abogados de Zaragoza y Bantierra. Esta entidad tiene experiencia en servicios financieros especializados para abogados, y ya viene ofreciendo a más de 25.000 abogados de Madrid y Barcelona fundamentalmente, productos dirigidos a abogados ejercientes, por cuenta propia y ajena, así como a despachos profesionales.

          Con el convenio suscrito el Colegio pretende poner a disposición de sus miembros un servicio de banca que puede ofrecer mejores condiciones que otras entidades del sector. El servicio personal que se dispensará en esta céntrica oficina, la posibilidad de la utilización de banca a distancia, la amplia gama de productos que se ofrecen, así como la posibilidad de que revierta en el Colegio parte de los beneficios que se generen por el uso de sus servicios, hace que recomendemos a Caja Abogados como entidad de referencia.

          Se adjunta con esta circular la información que nos proporciona Caja Abogados, así como la dirección www.bantierra.es/es/abogados/abogados-grupo-bantierra.html para obtener mayor información.
 
 

          Se adjunta la Nota de Prensa de la oficina de la Defensora del Pueblo, de 20/02/2013. En la misma se resume la solicitud de la misma, así como la postura que, parece ser, podrá adoptar el Gobierno.

          Nos consta que el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, D. Carlos Carnicer Diez, ha venido insistiendo tanto a la Defensora del Pueblo como a otras instancias, a fin de que trasladasen al Gobierno la postura de la Abogacía y, en todo caso, que se presentase el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012. Nos congratulamos porque tales gestiones vayan dando fruto si bien, en nuestro criterio, los compromisos del Ministerio de Justicia siguen siendo insuficientes.

          Asimismo informamos que se ha presentado el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por parlamentarios del Congreso. (Ver noticias web ReICAZ).

          Desde este Colegio mantendremos y apoyaremos las medidas para intentar que las Tasas judiciales desaparezcan o, en otro caso, se ajusten a criterios razonables y adecuados a la realidad social y económica de los ciudadanos. (Lo anterior supondría una drástica rebaja en sus importes en términos generales, así como exenciones en función de ciertos procedimientos, para personas con determinados niveles de renta, etcétera).

          Mantendremos la información.

          Un cordial saludo.