La Junta General celebrada el día 26 de marzo de 2013 aprobó las cuentas generales del ejercicio 2012 presentadas por la Junta de Gobierno e informó de la auditoría correspondiente al mencionado ejercicio. 

          Así mismo se reseñó la Memoria de Actividades del Colegio correspondiente al año 2012, cuyo texto íntegro se puede ver nuestra Web colegial, junto con el Informe de Auditoría y el Cierre de Cuentas de 2012. 

          Igualmente, la Junta General aprobó el nombramiento como colegiados de honor 2013 de los Ilustres compañeros Manuel Serrano Bonafonte y Santiago Coello Cuadrado, por haber cumplido ambos 50 años de colegiación. Oportunamente se informará del acto solemne en que se las hará entrega y reconocimiento del citado título. 

          Finalmente, se informó sobre dos cuestiones de especial interés: la situación económica del Colegio y las comprobaciones que está realizando el Gobierno de Aragón de las facturaciones del Turno de Oficio. 

          Respecto a la primera, se expuso la merma de ingresos para este año debido, por un lado, a la reducción de la cuota ordinaria operada en los Presupuestos aprobados en la Junta General de fecha 17 de diciembre de 2012 y, por otro lado, a la disminución de la cuota de incorporación, acordada por la Junta de Gobierno en fecha 28 de febrero de 2013. Respecto a esta última cuestión, significar que el artículo 3.2. de la Ley de Colegios Profesionales (tras la reforma operada por la llamada Ley Ómnibus, Ley 25/2009) obligaba a que las cuotas de incorporación se limitasen a los costes de tramitación de las mismas. Por tanto, era un imperativo legal adecuar el importe de la cuota de incorporación. 

          Esta decisión de la Junta de Gobierno no implica modificación alguna del Presupuesto aprobado, pues se mantiene intacto su importe y no se renuncia a realizar la previsión de ingresos por cuotas de incorporación, ya que la reducción de la misma se compensa en un 50% con los ingresos por cuotas ordinarias de los nuevos colegiados, al suprimirse cualquier bonificación, y el resto esperamos que se compense con un mayor número de colegiaciones y derechos por traslados de expedientes. 

          En relación a las comprobaciones que está realizando el Gobierno de Aragón de la facturación del Turno de Oficio -en concreto, del segundo trimestre del año 2012-, llevada por un claro objetivo de reducir gastos, la Dirección General de Justicia ha expuesto reparos al abono de una buena parte de las actuaciones certificadas por el Colegio, prácticamente en todos los casos de la jurisdicción penal, bien por entender que presentan lagunas o incorrecciones formales en la tramitación del expediente de justicia gratuita, o bien porque les ha sido expresamente denegado el derecho a la justicia gratuita. 

          Dado el considerable número de estos módulos facturados, concretamente 3.574, resultaría prolija en estos momentos la explicación de todos los supuestos. No obstante, desde el mismo momento de la toma de posesión, se está en permanente contacto con la Directora General de Justicia, haciéndole ver las dificultades que tiene la jurisdicción penal para ajustarse a las exigencias de la ley de asistencia jurídica gratuita. 

          Así es. La mayoría de asuntos se inician para los abogados antes de que comience la tramitación del expediente de justicia gratuita, ya que proceden de guardias de asistencia al detenido o de violencia de género. Incluso en algunos casos, como los Juicios Rápidos, se ha finalizado el asunto aún antes de que diera comienzo la tramitación de dicho expediente de justicia gratuita y lo que no puede ser es desplazar al abogado la carga de intentar cobrar de un “cliente” que le viene obligado y al que no puede renunciar ni pedirle provisión de fondos. 

          La actuación que está desarrollando la Junta de Gobierno es, por un lado, mantener reuniones de trabajo con la administración a fin de ir depurando los asuntos cuyo pago arroja dudas y, por otro, recordar a los compañeros el cumplimiento detallado de los trámites documentales a realizar en los asuntos asignados por turno de oficio, so pena de no poder ser remunerados por el Gobierno de Aragón. Todo ello sobre la base indiscutible de que nadie pone en duda que el trabajo se haya realizado por los abogados, por lo que éstos han de cobrar por ello y sin renunciar a otras opciones, si hubiera necesidad, en defensa de los derechos de los abogados del turno. 

          En cualquier caso, los dos recortes presupuestarios mencionados, junto a una elemental prudencia hasta ver cómo termina la comprobación que está llevando a cabo la D.G.A. con el Turno y sin perder de vista la siempre ajustada liquidez de la Tesorería del Colegio, exige que la actuación de la Junta de Gobierno sea especialmente cauta en materia económica, especialmente en estos primeros meses y hasta comprobar cuál es la evolución del ejercicio. 

          Un cordial saludo.