Como todos podréis recordar, en el año 1993, y a propuesta de este Real e Ilustre Colegio de Abogados, se creó el Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI), con la financiación de la Diputación General de Aragón en virtud de un Convenio de Colaboración firmado por ambas partes. Durante veinte años el SAOJI ha venido funcionando a entera satisfacción de sus usuarios, ampliándose a las provincias de Hueca y Teruel a través de sus Colegios de Abogados y sirviendo de modelo en muchas otras Comunidades Autónomas, siendo en este momento un Servicio que se presta en todo el país y constituye un modelo y marco de referencia indispensable en el ámbito nacional e incluso internacional. El pasado año 2012 la Diputación General de Aragón decidió unilateralmente convertir la prestación del servicio de “Convenio” a “Contrato”, lo cual implicaba que otras entidades pudiesen concurrir y hacer ofertas en los servicios y, sobre todo, en los precios. Quizás el Gobierno de Aragón no advirtió que esta actividad puede y debe ser considerada un servicio público, servicio tendente a garantizar los derechos fundamentales de carácter jurídico de un sector de la sociedad que, en su inmensa mayoría, suele encontrarse desprotegido desde muchos puntos de vista. Este Colegio ha entendido que la prestación del SAOJI a través de la institución colegial proporciona innumerables ventajas, tanto cuantitativas como cualitativas, que de otra forma no se pueden conseguir. Basten como ejemplos la formación que tienen los integrantes del SAOJI (que los constituye en excelentes especialistas); el control deontológico que puede ejercer nuestra Corporación ante actuaciones desviadas de los letrados adscritos; la facilidad para que el abogado del SAOJI derive el caso que conoce al Servicio del Turno de Oficio sin necesidad de nuevos trámites para el inmigrante ni cambio de letrado; etcétera. Y, además, el SAOJI garantiza que al prestarse el servicio por un numeroso grupo de abogados ninguno de estos tenga dependencia orgánica, funcional o económica en su actuación profesional y, por ello, se garantiza la actuación libre e independiente del abogado. Y hoy en día estas bondades no las puede ofrecer ninguna otra instancia, pública o privada. El Contrato suscrito entre el Gobierno de Aragón y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón en el año 2012, finalizaba en fecha 30 de agosto de 2013. En el pasado mes de julio tuvimos conocimiento de la apertura del proceso de contratación abierto para cubrir el período de septiembre a diciembre. Y el Colegio, a través del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, presentó Memoria y Presupuesto para la llevanza del Servicio. Es significativo destacar que la oferta económica que giramos era inferior al límite máximo de contratación, e igualmente era inferior a las cuantías que habitualmente se venían percibiendo. El viernes pasado, día 30 de agosto, hemos tenido conocimiento de que el Servicio lo prestará otra entidad, a pesar de que ni el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, ni los Colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel, hayan tenido comunicación formal de la Administración. Hay que tener en cuenta que los tres Colegios ya tenían organizada la prestación de los servicios a partir de hoy, día 2 de septiembre. Desde el Colegio hemos puesto de manifiesto nuestra protesta ante la Dirección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, protesta y malestar que haremos llegar a los más altos responsables del Gobierno de Aragón. Asimismo estamos estudiando el alcance jurídico de la actuación de la Diputación General de Aragón en esta materia así como en la forma de ejercerla. No obstante todo lo expuesto concluyo manteniendo el inequívoco compromiso de nuestro Colegio, y de los compañeros, en seguir prestando nuestra colaboración personal y profesional, así como nuestra solidaridad, en la defensa de los derechos ciudadanos, especialmente de aquellos sectores más desfavorecidos. Hemos dado muestra de ello durante décadas, y lo seguiremos haciendo.
Un cordial saludo.
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