Todos sabéis, por el eco que ha tenido en los medios de comunicación, que el Gobierno de Aragón ha decidido sacar a concurso público la prestación del Servicio de Asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica. Ninguna importancia tiene, al parecer, el que dicho Servicio se creará un ya lejano mes de junio de 1993 por iniciativa del Colegio, que se lo propuso a la DGA, y gracias al entusiasmo de la Comisión de Mujeres Abogadas y de un grupo de compañeras y compañeros, y que durante más de veintidós años se haya venido prestando de forma ejemplar. Nada vale, por lo visto, el que el Colegio sea una entidad sin ánimo de lucro cuyo único objetivo al prestar el Servicio es facilitar asistencia jurídica a un colectivo especialmente desprotegido. No cuenta para el Instituto Aragonés de la Mujer, parece ser, el que el Colegio, corporación de derecho público, garantice la deontología profesional y la formación y responsabilidad de las abogadas y abogados que prestan el Servicio.

          Se nos alega de forma poco comprensible una supuesta obligación derivada de una Directiva comunitaria, así como exigencias de la Intervención General. Se hacen afirmaciones por parte de la Directora del IAM que solo pueden explicarse por su desconocimiento pues, si no, habría que calificarla de otra forma. Se prefiere, en suma, privatizar el Servicio, pues no otra cosa es el encomendarlo a una entidad con ánimo de lucro que, lógicamente, buscará obtener un beneficio económico con la atención a las necesidades de las mujeres objeto de violencia doméstica. Parece ser que eso son exigencias del Mercado, sin que los administradores públicos ejerzan su responsabilidad de moderar las leyes de éste cuando se trata de dispensar derechos esenciales para las mujeres objeto de violencia doméstica.

          Se repite la historia del SAOJI, que en ese caso se pudo reconducir si bien sometiéndose los Colegios de Abogados de Aragón a las exigencias de una contratación pública.

          Ante tal situación, y tras las oportunas consultas con los compañeros que prestan el Servicio y el análisis hecho en la última Junta de Gobierno, os informo de las medidas adoptadas:

          Primero. Cesar en la prestación de los Servicios (asesorías y guardias) desde el 1 de mayo, y reclamar el pago de las actuaciones realizadas en el presente año 2016 (dado que el contrato que teníamos había finalizado con efecto 31 de diciembre de 2015).

          Segundo. Impugnar la convocatoria del concurso público, por entender que ni es preceptivo, ni se ajusta a la normativa vigente en la materia.

          Tercero. Seguir estudiando cualquier medida, incluso presentarnos al concurso si fuera necesario, para tratar de impedir que el Servicio pueda quedar en manos de intereses exclusivamente económicos.

          Un cordial y afectuoso saludo.