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SOBRE LA CONVOCATORIA DE HUELGA INDEFINIDA POR PARTE DEL
PERSONAL DE LOS CUERPOS GENERALES Y ESPECIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Como todos sabéis, ayer lunes, los funcionarios de la Administración de Justicia comenzaron una huelga indefinida exigiendo mejoras laborales y salariales e instando a los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública a negociar tras más de un mes de movilizaciones puntuales que han supuesto la suspensión de medio millón de juicios y la paralización de más de 30 millones de actuaciones judiciales -según informan-. Mañana se cumplirán cuatro meses desde que los Letrados de la Administración de Justicia convocasen su propia huelga indefinida. Se trata, por tanto, nada más y nada menos, de 120 días en los que los ciudadanos y, por supuesto, los profesionales que los defienden y representan, estamos sufriendo un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Y, lo que es peor, no se vislumbra el final. No me cansaré de repetir y me lo habéis oído en infinidad de ocasiones, que la Administración de Justicia es la que menos atención recibe por parte de los poderes públicos. La inversión en Justicia es mínima si la comparamos con el resto de Administraciones. A esta cuestión, entre otras muchas, se refieren los elementos para una propuesta de Pacto de Estado por el futuro de la Justicia y que merecieron la aprobación de un comunicado en este sentido por el Pleno del Consejo General de la Abogacía reunido en el reciente XIII Congreso Nacional. Desde el Colegio, nunca cuestionaremos el derecho de los funcionarios, como cualquier otro trabajador, a ejercer su derecho de huelga. Derecho que, por cierto, no tenemos los profesionales de la abogacía. Ahora bien, el ejercicio de dicho derecho no puede suponer, de ninguna manera, un menoscabo de otro derecho fundamental, como mínimo, tan importante como el anterior, cual es el derecho del justiciable a la tutela judicial efectiva. Y esta tutela no se cumple cuando, a la ya habitual lentitud de la Justicia, se une la dilación por la suspensión de procedimientos cuya resolución se va a ver demorada muchos meses. En circulares anteriores, en especial la 7/2023, 14/2023 y 26/2023, se ha expuesto la posición y actuaciones del Colegio y de la Abogacía al respecto. Asimismo, este Decano, además de otras comunicaciones, ha puesto de manifiesto, en diferentes medios de comunicación, la enorme preocupación que genera este conflicto, instando a los responsables a poner soluciones al mismo. Así, entre otros medios, podemos destacar las noticias publicadas en Heraldo de Aragón, 8 de febrero de 2023, Heraldo de Aragón, 19 de mayo de 2023, El Periódico de Aragón, 19 de mayo de 2023, Heraldo de Aragón, 20 de mayo de 2023 y Lawyerpress NEWS, 22 de mayo de 2023. Ayer mismo, ante la inminente huelga indefinida, este Decano envió sendas comunicaciones a la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón y a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, realizando las siguientes peticiones:
2.- Que, en cualquier caso, dicho control sea efectuado en los procedimientos suspendidos por motivo de la presente huelga. 3.- Que se controle que en el día de la suspensión no es posible dar cumplimiento a los señalamientos por no encontrarse en su puesto de trabajo el funcionario y que no puede ser sustituido por otro personal con sus mismas funciones. 4.- Que se inste a los responsables de las oficinas judiciales a fin de que promuevan, con una antelación mínima de 48 horas, información por escrito a los intervinientes de las actuaciones que se suspenden como consecuencia de la huelga. 5.- Y, finalmente, que se informe al Colegio de forma regular sobre el grado de cumplimiento de los servicios mínimos establecidos. Ignoramos el efecto que estas comunicaciones, al igual que las anteriores, pueden tener. En cualquier caso, consideramos que es una obligación de este Colegio solicitar dicha información. Al igual que también pedimos, de forma reiterada, a los poderes públicos con competencia en esta materia, que adopten las medidas necesarias para que estos conflictos tengan una pronta solución. Es su deber y su responsabilidad frente a sus administrados, los ciudadanos. Un cordial saludo, EL DECANO
Antonio Morán Durán
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