Os envío esta carta para aclarar las incorrectas informaciones que se han difundido en medios de comunicación referidas a una solicitud de convocatoria de Junta General Extraordinaria presentada por dos compañeros, junto a un profuso listado de firmas, invocándose en la misma el cumplimiento de los requisitos estatutarios establecidos a tal fin. La petición se hace, según se dice, en nombre del resto de firmantes.

La Junta de Gobierno ha comunicado a los solicitantes que procedan a subsanar determinados aspectos de la petición, al amparo de los mismos preceptos señalados por los proponentes, dado que había un buen número de firmas manuscritas que constaban en páginas carentes de texto, así como otras deficiencias (duplicidad de firmas, identificación de personas que no son colegiados, falta de identidad entre la solicitud presentada y el documento sobre el que se recabaron las firmas, etc.) 

He de indicaros que la petición cursada pretende el apoyo del Colegio, tanto a distintas reivindicaciones referidas al turno de oficio, como a diversas reclamaciones sobre la situación de mutualistas e, incluso, a otras sobre conciliación en el ejercicio profesional seguramente desfasadas tras la entrada en vigor del RDL 5/2023, sobre conciliación de la vida personal y familiar en el desempeño profesional. La petición llega a extenderse a un compromiso futuro, también a asumir por el Colegio, de apoyar cualesquiera otras iniciativas que haya de tomar una “Plataforma de Turno de Oficio” (cuya naturaleza, identidad y responsables, se desconoce) y un Sindicato del que una de las solicitantes dice ser su delegada en Aragón.

Ante ello, no puedo expresar más que mi sorpresa. El Colegio no puede ni debe acordar un compromiso a futuro sobre propuestas no conocidas y, además, a favor de un grupo indeterminado e indefinido o bien ajeno al Colegio. Por otro lado, los temas propuestos, Turno de Oficio y Mutualidad, son, entre otros, una permanente inquietud de esta Junta de Gobierno y de las que nos han precedido y sobre los cuales en ningún momento hemos quedado indiferentes ni pasivos sino todo lo contrario. Llevamos trabajando en estos temas muchos años antes de que nacieran estas propuestas.

A este respecto y sin remontarme a otras actuaciones pasadas, me permito recordar las concentraciones de protesta convocadas y encabezadas por la Junta de Gobierno, los pasados días 28 de junio y 12 de julio.

Asimismo, recordar que, nada más tomar posesión los nuevos responsables políticos en el Gobierno de Aragón, la Junta de Gobierno solicitó reuniones no solo con la Directora General de Justicia, sino con el propio Consejero del ramo -y además Vicepresidente Primero-. Ambas reuniones ya se han producido, tal y como tuvimos oportunidad de informar en la Circular 48/2023, con independencia del reflejo que tuvo este encuentro en los medios de comunicación. También está ya en la agenda de la Directora General una próxima reunión de trabajo para este mismo mes de octubre, con representantes de los tres Colegios de Abogados de Aragón. Esta iniciativa no viene a ser más que la continuación de las reclamaciones que se le venían efectuando al anterior Gobierno y que éste no llegó a materializar, tendentes tanto a una actualización de los baremos del Turno de Oficio, como a una ampliación de los módulos actualmente existentes y ello con el fin de garantizar que las actuaciones profesionales de los compañeros tengan su reflejo compensatorio.

Me remito también al compromiso público que realizó el Consejero tras la reunión que mantuvimos el día 4 de octubre, sobre la elevación de los módulos y bases de compensación en materia de Justicia Gratuita.

Las peticiones que la Junta de Gobierno viene realizando en Turno de Oficio vienen siempre estudiadas e impulsadas en buena medida por la Comisión colegial, en la cual están integrados compañeros muy conocidos y respetados y cuyo generoso trabajo merece todo nuestro reconocimiento, al igual que lo es la colaboración que está prestando la Sección del Turno de Oficio en la propuesta de ampliación de módulos de compensación, por ejemplo.

Quiero añadir que la capacidad de actuación e influencia del Colegio -si bien es envidiada por otros grupos profesionales-, en última instancia se enfrenta siempre a la decisión de los poderes públicos, por lo que nunca podemos garantizar el éxito de nuestras demandas. Tan solo cuando nos hemos enfrentado a situaciones que hemos entendido que son contrarias al ordenamiento jurídico y que vulneran legítimos derechos de los compañeros y del Colegio, hemos acudido a la vía judicial, cosa que hemos hecho en varias ocasiones en los últimos años.

Por ello, la intromisión en la interlocución con las autoridades políticas por parte de otras personas o grupos, no solo daña la actuación del Colegio ante aquéllas, sino que crea además una imagen de confusión y desorden. Expreso lo anterior porque recientemente, la solicitante de la Junta General Extraordinaria que nos ocupa, actuando en nombre de su Sindicato, elevó a las Cortes de Aragón una Proposición No de Ley relacionada con la situación de la abogacía con referencia a la Mutualidad de la Abogacía que no ha sido atendida ni asumida por ningún grupo parlamentario, de forma que ha decaído por sí sola. Los términos de desinformación en que fue planteada son ciertamente preocupantes y la acusación que formula a los Colegios de haber engañado a sus Colegiados, resulta inaceptable e intolerable, máxime cuando se dirige esta acusación ante nuestros representantes políticos en las Cortes de Aragón.

Cualquier iniciativa que se pretenda hacer desde los Colegios de Abogados aragoneses al respecto, partirá de una situación viciada por esta nefasta actuación.

En relación a las peticiones de la solicitud referidas a la Mutualidad de la Abogacía, necesariamente he de recordar que ésta es una institución autónoma e independiente de la estructura de los Colegios y del Consejo General de la Abogacía y en la que tampoco están integrados todos los colegiados. No obstante lo anterior, el Consejo General y los Colegios instaron a la Mutualidad para que se promoviesen las actuaciones necesarias para atender reclamaciones que, ya desde hace años, se consideraban justas: la pasarela al RETA de los mutualistas que así lo desearan, mejora en el tratamiento fiscal de la pensión, compatibilidad del cobro de la pensión y el ejercicio profesional, etcétera. (Os recuerdo que ya en el año 2005 la Mutualidad tomó la iniciativa de plantear a la Dirección General de la Seguridad Social, entre otras cuestiones, la posibilidad de la integración de los mutualistas al RETA, con un resultado negativo).

Con independencia de lo anterior, nos consta que los responsables de la Mutualidad se han reunido en varias ocasiones con los grupos de mutualistas que se han significado públicamente abanderando estas reivindicaciones, aunque ha habido alguno de éstos que sigue negándose a acudir a estos encuentros.

Concluyo expresando la clara y firme voluntad de esta Junta de Gobierno de seguir defendiendo nuestra profesión, que es defender los intereses de cada uno de nosotros, los abogados. Nadie debe tener duda sobre el esfuerzo e interés que dispensa la Junta a todos los problemas que existen, generales y particulares, que no son pocos, y para los cuales contamos con un buen número de compañeros que, igualmente de forma generosa, nos prestan su opinión, trabajo y, sobre todo, su confianza.

Un cordial y afectuoso saludo.

EL DECANO
Antonio Morán Durán