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Circular 68/2023, de 29 de diciembre
   
¡FELIZ AÑO NUEVO!


	
Finalizamos este año 2023, el cual no ha estado exento de dificultades y novedades tanto en ámbito de la profesión como en político y social. Lo iniciamos con una huelga en la Administración de Justicia cuyos efectos aún se mantienen y que generaron demasiados e innecesarios problemas, no solo para los ciudadanos, sino también para todos nosotros.

	
No habían concluido estos conflictos, cuando se solaparon dos procesos electorales, locales y autonómicos, por un lado, y generales por otro. La paralización de la actividad legislativa, gubernamental y administrativa igualmente ha supuesto un paréntesis excesivamente largo e inaceptable.

	
A pesar de lo anterior, quiero que esta última circular del año sea una llamada a la ilusión y al optimismo, aunque debemos ser realistas.

	
Entre las novedades legales habidas, me permito destacar los avances en la llamada conciliación de vida personal y profesional contenidos en el Real Decreto-ley 5/2023, por las modificaciones operadas por éste en las leyes procesales, civil y penal. Este avance, que venía impulsado desde el Consejo General de la Abogacía Española a través de numerosas peticiones, se suma a la inhabilitación de plazos procesales en estas fechas navideñas, ya conseguido precisamente hace un año, también por exigencia de la Abogacía Española.

	
Con el cambio del Gobierno del Estado, y dado que seguían sobre la mesa de trabajo del titular del Ministerio de Justicia diversas peticiones, éste ha anunciado recientemente la intención de retomar el proyecto de ley de Derecho de Defensa, así como de aprobar una nueva Ley de asistencia jurídica gratuita. El Consejo General de la Abogacía le hizo llegar las principales reivindicaciones al respecto, buena parte de ellas acordadas en el último Congreso nacional celebrado este 2023.

	
No puedo ocultar, ni soy ajeno, al intenso debate social, político y jurídico surgido a consecuencia de los acuerdos de legislatura y las consecuentes referencias a la amnistía, a procesos consultivos populares, e incluso al llamado lawfare. Como os podréis imaginar yo también tengo opinión al respecto, pero creo sinceramente que ni la Junta de Gobierno, ni yo como Decano, debemos hacer público nuestro criterio pues éste tendría más carácter ideológico o político que jurídico. A tal respecto debo remitirme a la Circular 57/2023 en la que hacíamos referencia a la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 27 de junio de 2019 y a la Sentencia de la misma Sala de 21/11/2022, en las que se declaraban nulos los acuerdos adoptados por instituciones de carácter público en materias de índole ideológica y política. Me consta la existencia de distintas opiniones y posturas entre nuestros compañeros respecto a esta delicada materia; y el Decano del Colegio necesariamente ha de representar y defender a todos ellos sin distinción.

	
No obstante lo anterior, la Junta de Gobierno sí se pronunció en lo que afecta a sus responsabilidades, siendo una de ellas, y no menor, la defensa de la libertad e independencia de los abogados -de la Abogacía- en su actuación profesional. El desempeño de nuestro ejercicio profesional tan sólo es posible en un contexto en el que la separación de poderes garantice la absoluta independencia de la Administración de Justicia y, por ello, de todos los actores en la misma.

	
Y, para la defensa de tal independencia, el Estatuto General de la Abogacía Española atribuye y encomienda a las Juntas de Gobierno de los Colegios el ejercicio de los derechos y acciones contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la Administración de Justicia o la libertad e independencia de nuestro ejercicio profesional, lo que va indefectiblemente unido. En esto creemos y nos hemos comprometido a defenderlo.

	
En el terreno estrictamente colegial, finalizamos el año con la aprobación de los nuevos Estatutos, así como con la aprobación de los presupuestos para el año 2024.

	
Destaco, respecto a éstos últimos, la congelación de la cuota desde hace 6 años a pesar de los incrementos experimentados en el IPC. Y me permito recordar que la cuota que pagamos es inferior a la que tuvimos desde el año 2007 hasta el 2012.

	
Asimismo, quiero recordaros que en 2024 celebraremos el 625 Aniversario de nuestro Colegio de Abogados y, a tal fin, un grupo de compañeros llevan trabajando desde hace meses en la preparación de los actos que servirán para dar la visibilidad y el prestigio que merece, tanto nuestra institución, como todos los compañeros de Zaragoza.

	
Concluyo estas líneas mostrando un año más mi agradecimiento y reconocimiento a todos los compañeros que de forma generosa siguen colaborando en la vida colegial, y sin los cuales todo cuando hacemos desde la Junta de Gobierno tendría poco sentido. Agradezco a los Diputados de ésta su trabajo constante y su compromiso, así como a los empleados de la casa.

	
Os deseo un feliz y venturoso año 2024. Ánimo.


	



EL DECANO
Antonio Morán Durán



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